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Algunas comunidades indígenas colombianas, como los paeces y guambianos del Norte del Cauca, o los embera del Chocó, acumulan una larga tradición de lucha y resistencia frente a la sociedad blanca y mestiza. A lo largo de las décadas, e incluso de los siglos, los indígenas han combinado todas las formas de lucha a favor de la titulación de tierras a su nombre, la ampliación de sus derechos civiles y políticos, el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, y la autonomía y autodeterminación para sus territorios. Como un gran triunfo para las minorías étnicas del país, la Constitución de 1991 reconoció muchas de estas exigencias y las convirtió en derechos.
Sin embargo, los logros y las reivindicaciones de los indígenas a menudo entran en conflicto con el Estado colombiano. En muchas ocasiones, cuando las autoridades civiles o militares orientan esfuerzos por hacer presencia y controlar los territorios donde ellos habitan, o cuando se ponen en marcha nuevas leyes, tratados o medidas administrativas o comerciales, los indígenas sienten que el Estado les está vulnerando sus derechos, al tiempo que el Estado considera que las pretensiones de los indígenas impiden el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Para ilustrar estas diferencias describiré a continuación una serie de conflictos que han tenido lugar en el Norte del Cauca, donde habitan indígenas paeces (o nasa) y guambianos.
El primero de ellos tiene que ver con la posición de los indígenas frente al conflicto armado que transcurre en sus territorios. Durante abril de 2005, Toribío, uno de los municipios de la región, fue atacado por la guerrilla de las FARC durante varios días, dejando como saldo una larga lista de militares y civiles muertos y heridos además de una gran cantidad de daños materiales. Durante las semanas siguientes, el municipio fue el escenario de disputa entre la guerrilla y la Fuerza Pública: Policía y Ejército se trasladaron a la población indígena para expulsar de la región a las FARC y ganar solidaridades entre la población indígena. Sin embargo, los indígenas consideraron que la presencia de la Fuerza Pública violaba su determinación de ser neutrales en el conflicto armado. Durante un consejo comunal –espacios inventados por el presidente Uribe para conversar sobre los problemas de las comunidades-, líderes indígenas pidieron al mandatario retirar al ejército y la policía, exigiendo así, respeto de ambas partes en contienda a la autodeterminación de sus territorios. Esta solicitud se sumó a una hecha anteriormente que pedía retirar a estación de Policía de la plaza central del municipio. El presidente Uribe, quien ya había dicho que no permitiría extraterritorialidades1 , se opuso a la petición manifestando que «hemos tenido unos terroristas durante cuarenta años esclavizando a nuestro pueblo, ejerciendo una dictadura de terrorismo. Esa dictadura de terrorismo la tenemos que sustituir por las libertades democráticas. Y las libertades democráticas necesitan una presencia eficaz y transparente de la Fuerza Pública, presencia que no podemos renunciar ni someter a discusión2 «. Pero los indígenas no piensan lo mismo sobre el ejército. Según un líder de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca –ACIN- «no nos sentimos representados en ellos. Han atropellado y asesinado a la gente igual que el otro actor armado»3 . Por esas razones, los indígenas afirmaron que “no le vamos a obedecer a nadie, ni a las FARC, pero tampoco a la red de informantes del presidente Uribe, que nos quiso involucrar en ella, y de hacerlo violaríamos el principio de autodeterminación»4 . En ese contexto, en septiembre de 2006, los indígenas de Toribío desmontaron ocho trincheras que la Policía había instalado casco urbano. Según la ACIN “la destrucción de estos puestos de vigilancia fue el primer paso para exigir la salida del territorio indígena de todas las fuerzas del Estado colombiano, así como de las estructuras de las FARC” 5 .