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El poder judicial es el encargado de sostener la justicia y por ende la paz. Su rol fundamental es garantizar el imperio de la Ley, o sea, que todos los casos juzgados se evalúen empleando los mismos criterios jurídicos, aunque tomando en consideración los atenuantes propios del caso.
Al cumplir con esas funciones, el poder judicial también sirve de ente regulador de los otros dos poderes públicos, impidiéndoles tomar acciones por fuera de la Constitución. En caso de que así lo hicieran, está habilitado para declarar la nulidad de los mismos y exigir la apertura de investigaciones con miras a penalizar a los responsables.
Todo lo que requiera de una toma de decisión judicial entra en las funciones del poder judicial: desde resolver un conflicto vecinal, determinar el castigo de un ladrón de teléfonos celulares o investigar a un funcionario corrupto, hasta interpretar un artículo de la Constitución para decidir si una ley puede o no ponerse en ejecución.