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Costa Rica atraviesa una escalada de antivalores que carcome a pasos agigantados las bases de la sociedad.
Entendida como el conjunto de conocimientos que permiten a una persona desarrollar su juicio crítico, la cultura es un aspecto por el cual deberíamos trabajar para pulirla, mejorarla y convertirla en uno de los orgullos del ser costarricense.
Sin embargo en la actualidad es notoria la existencia de una cultura de antivalores, en la que se proyecta como normal la libertad de hacer lo que se quiera.
Los daños generados a la muestra artística “Cow Parade”, instalada en diversas vías capitalinas, no son más que un ejemplo de esa conducta aprendida, en donde el juicio crítico —equivocado— de los infractores les otorga la creencia de que lo que han hecho es, aunque moralmente no aceptado, “un acto normal”.
No es una situación aislada. Basta con poner atención alrededor de cualquier ciudad, de cualquier calle, de cualquier edificio. Va desde la destrucción de la planta que “estorba” el paso, hasta los grafitis que “adornan” los asientos del autobús. Incluye desde el cotidiano robo de una señal de tránsito, hasta la basura que lanzamos a la fuente en el parque.
Mucho se ha hablado sobre el papel de la televisión y de los programas que ven nuestros hijos, de la importación gratuita de otras costumbres y creencias, de la pérdida cotidiana de espiritualidad.
Sin duda son situaciones que tienen gran influencia en el proceso de moldear la conducta de nuestros hijos, pero los padres no debemos eludir nuestra cuota de responsabilidad.
Es allí en donde juegan un papel trascendental los valores que inculque la familia, como la base para comenzar a forjar un esquema cultural sólido y respetuoso para la sociedad.
Pero esta responsabilidad no es exclusiva de la familia. El sistema educativo, con una política clara centralizada que se distribuya a todos sus integrantes, debe ser el puente para que, a través de maestros y profesores, otorgue las herramientas para que en el futuro puedan discernir entre lo moralmente correcto y lo que no lo es.
Sin embargo, todo ello debe estar respaldado por una apropiada estructura jurídica que ampare a quienes procuran una adecuada conducta. Es en este punto donde las autoridades deben poner su cuota de responsabilidad para convertir las prácticas no morales en jurídicamente sancionables, para entonces no ser cómplices de la construcción de un círculo vicioso que a todas luces atenta contra la sociedad.
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