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El imperio napoleónico cumplió un doble objetivo, en sí mismo contrarios; si por una parte corrompió el inicial espíritu democrático de la Revolución Francesa, por otra expandió estos ideales por toda Europa, sembrando de dificultades los esfuerzos de restauración que, tras la caída de Napoleón, la grandes potencias monárquicas pretendieron imponer en el Viejo Mundo. Durante la intervención napoleónica buena parte de las naciones europeas llevaron a cabo procesos constitucionales, bien dirigidos por el emperador o, en reacción a la intervención extranjera, generando un proceso constituyente que reforzó la identidad nacional basándola en la soberanía popular; fenómeno que encuentra en España, la reunión de las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812 un ejemplo paradigmático.
Uno de los grandes peligros de la democracia ya se evidenció durante las tensiones para la ampliación de la participación popular; radicaba en el seguimiento formal de las normas democráticas, pero en realidad amplios ámbitos las libertades no tenían ninguna repercusión práctica y las elecciones habían degenerado en una pura farsa cuyos resultados eran conocidos de antemano. Para que los principios democráticos tuvieran un contenido y una plasmación real se fueron generando paulatinamente una serie de exigencias y controles. Los más importantes atendían a la pluralidad política (libertad para la fundación de partidos políticos, respeto por la oposición, desaparición de la política, prohibición de cualquier tipo de persecución o discriminación por motivos políticos), la libertad de expresión (libertad de prensa, desaparición de la censura), la libertad de asociación sindical (reconocimiento de la representatividad sindical en conflictos laborales, libertad de reunión y otras medidas organizadoras y de presión, incluido el derecho de huelga), el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (condena y persecución de cualquier tipo de discriminación -raza, religión, sexo, edad-), respeto por el pluralismo social (igualdad de oportunidades sin distinción de sexo o condición social, defensa de las diferencias de tradición cultural) y la protección de los sectores menos favorecidos (defensa de las minorías etnoculturales y religiosas, protección de la infancia y la maternidad extramatrimonial, atención a los ancianos, protección contra el desempleo y la enfermedad). La imposibilidad de que el Estado liberal, por definición lo menos intervencionista y más reducido posible, acometiera tan amplio programa de exigencias produjo la evolución de los ideales democráticos hacia sectores más comprometidos con la plasmación real del "gobierno del pueblo".