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Al llegar a El Salvador, frecuentemente se les sugiere a los viajeros que permanezcan en una zona segura cuyo radio aproximado es de doce kilómetros cuadrados. Más allá de estos límites, las autoridades no pueden garantizar la seguridad de aquellos frente a la violenta y descontrolada criminalidad. Mientras tanto, en México, los intentos del Estado de controlar a los poderosos carteles de la droga han generado una escalada de violencia a niveles nunca antes vistos desde la revolución de 1910. De acuerdo a cifras oficiales, en los últimos cuatro anos, 28 mil personas han muerto como resultado de la violencia relacionada con el narcotráfico. Cansados de la impunidad que gozaban las autoridades corruptas, pobladores de la región andina de Perú lanzaron ataques sobre las mismas, linchando alcaldes y destruyendo estaciones de policía.
La debilidad estatal no necesariamente supone la irrupción de procesos violentos. En algunos contextos, la cooperación entre agentes estatales locales y actores privados genera interacciones cooperativas y "pacíficas". No obstante, dichas interacciones también co-rrompen al Estado de Derecho y reducen la calidad de la democracia a nivel local. A modo de ejemplo, en Argentina, el involucramiento de la policía en la regulación de mercados ilegales constituye una instancia en que se verifican arreglos cooperativos entre los agentes estatales y el crimen organizado (Dewey en este número; Auyero, 2007). Este patrón también es evidente en algunas favelas de Sâo Paulo, donde los agentes estatales se encargan de hacer cumplir las decisiones de los tribunales de justicia para-legales organizados por el crimen organizado.
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