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una formulación más sofisticada, que se basa en establecer como parámetro fundamental el bienestar de las personas en términos de ingresos disponibles, de acceso a la educación, la salud, las infraestructuras, la certidumbre en el trabajo o el empleo de calidad, entre otras variables. “Tenemos que evaluar las inversiones públicas y privadas con arreglo a una especie de checklist que indique los recursos naturales que se van a perder al realizarlas o si van a apoyar al desarrollo de las comunidades. Hemos elaborado un marco de crecimiento inclusivo en el que decimos a los países que no vamos a renunciar al PIB porque es una medida internacional estandarizada, pero hay que complementarla con otros indicadores para que sus gobernantes tomen las decisiones en el marco del crecimiento inclusivo y puedan modificarlas en términos de impuestos, gastos o de productividad en función de cómo le estén afectando a la gente”, señalan desde la OCDE.
Experimento
Nueva Zelanda es el primer país que ha abandonado la doctrina del crecimiento económico a cualquier precio. En mayo pasado su primera ministra, la laborista Jacinda Ardern, presentó los denominados presupuestos del bienestar. Unas cuentas que, por primera vez, han puesto el foco en intentar atajar los problemas más acuciantes de sus casi cinco millones de habitantes: la salud mental de la población, la lucha contra la pobreza infantil, el apoyo a las comunidades indígenas, la transición a una economía baja en emisiones y el impulso de la innovación, explica Nigel Fyfe, embajador de Nueva Zelanda en Madrid.
Para ello ha puesto sobre el papel 25.600 millones de dólares neozelandeses (unos 15.000 millones de euros) para los próximos cuatro años y ha confeccionado el llamado Marco de Condiciones de Vida, donde se analizan esferas del bienestar como medio ambiente, salud, vivienda, identidad cultural, ingresos, consumo, empleo… “para asesorar a los Gobiernos” sobre cómo sus compromisos políticos “pueden afectar las condiciones de vida de toda la población”. La mitad del gasto se destinará a las prioridades sociales. Los nuevos medidores todavía no han dado frutos. Lo mismo que las políticas. “Necesitamos más tiempo, pues ambos son a largo plazo. Lo importante es que hemos hecho el cambio”, indica Fyfe.
Aunque se ha aprobado una partida de 455 millones de dólares neozelandeses (271 millones de euros) para la puesta en marcha de un nuevo sistema de salud mental y reforzado con 40 millones el sistema de detección de suicidios, así como implementado 1.000 plazas para alojar a indigentes. El Gobierno mostrará la evolución de los indicadores cuando se cumpla un año del presupuesto, a medida que las disputadas elecciones generales, que se celebrarán este año, se acerquen. Porque las variables de análisis de impacto, su semáforo de medición, es una pieza clave para orientar las prioridades del gasto.
Nueva Zelanda ha abierto la brecha, sostiene Diego Isabel La Moneda, director de NESI (Fundación Nueva Economía e Innovación Social), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir a cambiar el modelo económico para hacerlo más humano y sostenible; pero otros dos Gobiernos, el islandés y el escocés, están trabajando en ello a través de la Wellbeing Economy Alliance (WeAll), un laboratorio de políticas innovadoras destinadas a mejorar el bienestar más allá del PIB. En él participan los tres Ejecutivos y más de 60 organizaciones civiles internacionales, entre las que figura NESI.
Porque, según Isabel La Moneda, hacen falta nuevos indicadores que estén al servicio de las personas y del planeta. “El PIB no sirve para tomar decisiones sino para que los países compitan entre sí”, aprecia. En su opinión, la propia ciudadanía tendría que participar en la decisión de la suma de marcadores que evalúe su calidad de vida y su progreso. Variables no solo cuantitativas sino cualitativas y que no tendrían que ser las mismas para todos los países.
Es la idea alentada por la OCDE, “porque con nuestro arsenal de análisis económico no estamos capturando los intangibles, que son precisamente los que generan confianza entre la ciudadanía”, sostiene. También por el Banco Mundial, que ha incorporado en su recién presentado su barómetro de desarrollo humano un nuevo índice de movilidad social.