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Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública.
Fue en este sentido que la Corte Constitucional aclaró ayer los alcances de la sentencia T236 de 2017, con la cual se había supeditado la erradicación de cultivos de hoja de coca por medio de aspersiones aéreas con el herbicida glifosato a la realización de un estudio que garantizara la ausencia de daño alguno para la salud y el medio ambiente; sin embargo, en una decisión de ocho votos a favor y ninguno en contra, el alto tribunal precisó que no se necesita la certeza absoluta sobre la ausencia de daño.
De hecho, la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte, afirmó que la decisión de fumigar o no con glifosato siempre ha sido competencia única del Consejo Nacional de Estupefacientes. Acto seguido, Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia, anunció que enviará al Consejo un nuevo protocolo para reiniciar las aspersiones.
Cabe recordar que en marzo 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que productos como el diazinón, malatión y glifosato debían ser clasificados como “probablemente cancerígenos para los seres humanos”, uno de los motivos que llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes a suspender las fumigaciones con glifosato para seguir el principio de precaución sugerido por la OMS.
Pero dos años más tarde el personero municipal de Nóvita, Chocó, reclamó en nombre de su comunidad una indeminización por las afectaciones causadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato del Gobierno, motivo por el cual la Corte Constitucional revivío el debate en torno a la prohibición de aspersión aérea con glifosato por medio de la sentencia T-236 de 2017.
Pero a esta disputa le aguarda un nuevo capítulo, pues el próximo 20 de julio los senadores Guillermo García Realpe (Partido Liberal) y Antonio Sanguino (Alianza Verde) han anunciado un proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en el país, en el marco del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones legislativas.
Para entender el trasfondo que puede tener la reanudación de aspersiones aéreas con glifosato y su impacto a nivel ambiental, social, económico y de salud pública, Pesquisa Javeriana conversó con el ingeniero Gabriel Tobón Quintero, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, e investigador en políticas públicas y agrarias. El diálogo giró en torno a las alternativas productivas que existen para las comunidades ancladas al conflicto derivado del narcotráfico.
Pesquisa Javeriana: ¿Cuál es el impacto de las fumigaciones aéreas con glifosato?
Gabriel Tobón: Uno podría señalar —y hay suficientes estudios que así lo comprueban— los efectos ambientales sin desconocer los efectos en la salud pública, afectaciones en el sistema respiratorio, la piel o cambios en las mujeres gestantes evidenciados después del parto.
Sin embargo, en cuanto al medio ambiente, puedo decir que la aspersión de glifosato incide principalmente en las especies boscosas, en el follaje de todas las plantas, las aguas subterráneas y los suelos, pues este herbicida tiene un alto poder de residualidad, lo que sugiere que llega a durar en el suelo entre 20 y 30 años, exactamente en la primera capa de la tierra, que es en la que se deposita la materia orgánica (que contiene elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio) y se encarga de la fertilidad.
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espero que te ayude