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La reforma agraria peruana fue el proceso de una de las transformaciones de la propiedad del suelo agrícola en el Perú aplicada por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.
A partir de 1969, el gobierno peruano implementó una serie de medidas con el objetivo de transformar el panorama social del país, a través de un cambio en el sistema de distribución de la riqueza, particularmente del régimen económico y el de propiedad de la tierra. Una de tales medidas fue la promulgación del Decreto Ley N° 17716 (Ley de Reforma Agraria) el cual tenía el objetivo de transformar la estructura de titularidad de tierras del país y sustituir los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema de redistribución equitativa de la propiedad rural.1 La reforma agraria se llevó a cabo a través de expropiaciones de predios rústicos. Dichos terrenos – cuyos propietarios eran tanto personas naturales como jurídicas – pasaron en un primer momento a ser de dominio estatal, y luego fueron distribuidos entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas.2 Las personas expropiadas obtuvieron el derecho a ser indemnizadas según una tasación realizada por el Estado, y sobre la base de un justiprecio cuyo pago era imperativo por mandato