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Dedicar parte de los presupuestos públicos a cuidar de los árboles
Puede parecer algo muy evidente, pero no siempre se realiza. Cuidar de los árboles, así como ampliar la masa forestal existente cuesta dinero, y la única forma de obtener ese dinero es destinando una parte de los presupuestos públicos a esta acción.
Planes de reforestación
Además de cuidar de los árboles ya presentes, una parte de ese presupuesto público se debe destinar a la ejecución de planes de reforestación que permitan ampliar la masa forestal presente, tanto dentro como fuera de las ciudades.
Desarrollar un buen plan de silvicultura y prevención de incendios
Otro de los aspectos más importantes a la hora de proteger los árboles pasa por evitar los incendios. Esto solo se puede hacer mediante una actuación correcta en materia de silvicultura y de vigilancia forestal, así como de un plan de prevención y de actuación en caso de incendio que permita su rápido control y extinción.
Plantar árboles autóctonos de la zona
Otro de los elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo planes de reforestación (tanto si se trata de organismos públicos o privados quienes los ejecutan) es que se escojan árboles autóctonos de la zona.
Esto, además de respetar el ecosistema inicial, va a permitir reducir el gasto en riesgo y mantenimiento, así como aumentar las posibilidades de que el árbol en concreto crezca y se desarrolle de forma sana y efectiva. En este sentido, es fundamental entender que, frente al argumento estético, debe primar el práctico, lo que implica escoger árboles que se desarrollen de forma adecuada, y no solo que sean “bonitos”.
Aprobar y aplicar leyes que protejan los árboles y el patrimonio natural
Otro elemento fundamental que recae en la Administración pública es el de aprobar leyes que protejan los árboles en todos los ámbitos posibles, ya sean agrícolas, ganaderos, industriales, urbanos o de cualquier otra índole. Un buen ejemplo serían leyes que penasen con mayor gravedad las acciones de los pirómanos en los montes, así como leyes urbanísticas que garanticen que, un suelo quemado, no pueda ser edificable bajo ningún concepto.