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Sí que es cierto el adagio popular que dice que es mejor prevenir que curar en los casos dramáticos y desoladores de tantos menores de edad en Colombia.
En una serie de artículos publicados en este diario, y gracias a la incansable labor tanto de denuncia como de protección que lleva a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ha ido confirmando la sospecha de que en la infancia de miles de colombianos de los sectores menos favorecidos se siembran las tempestades que serán recogidas en la adolescencia, y de que de los 13 a los 18 años es posible vivir un infierno, que no es solo un problema de quien lo padece, sino uno de nuestros peores dramas sociales.
Dice el ICBF que en el último año ha llegado a amparar a 80.290 menores de edad. Eso significa que el número, altísimo, aumentó en 30 por ciento en apenas doce meses, y que hoy hay 18.826 casos más que los que había en el 2011. Resulta importante notar, como lo señala el propio Instituto, que un gran porcentaje del total de los protegidos son adolescentes, lo que significa, por supuesto, que las familias y el Estado están fallando en la prevención de una serie de males que podrían atajarse desde la primera infancia; que calvarios como el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, la drogadicción y el embarazo de menores podrían evitárseles a muchos si se reconocieran a tiempo sus causas.
Hacen bien el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia en alertar al país. Por dejar para mañana el tema inaplazable de cómo proteger efectivamente a los niños, de acuerdo con sus cifras, en los pasados cinco años el sistema penal para adolescentes pasó de prestar atención a 4.000 a atender a 29.000, una proeza que, sin embargo, dibuja un horizonte sumamente desalentador, del que nace la pregunta sobre si la vigente ley de infancia ha traído incentivos antes que obstáculos para los menores sumergidos en el mundo del crimen.
Y es que, tal y como lo han demostrado el sangriento motín que sucedió en el centro El Redentor de Bogotá, las revueltas en la reclusión de menores del Quindío y en La Acogida de Medellín, y las fugas de varios infractores, en días recientes, de un par de sitios de rehabilitación en Cali, estamos ante una olla de presión a punto de reventar.
Existe, claro, un serio problema de infraestructura: no se cuenta en estos momentos con suficientes centros de trabajo ni con la cantidad necesaria de trabajadores sociales para contener a tantas víctimas, acorraladas por la pobreza y por los malos tratos de sus mayores, que han terminado por convertirse en victimarios.
Por falta de recursos, no hay el número necesario de vigilantes para evitar los ataques permanentes de los reclusos. Pero se debe advertir al mismo tiempo que es indispensable redoblar esfuerzos en las labores de resocialización y educación para que los menores consigan volver a la sociedad.
El sustantivo adolescencia no conduce, como podría creerse, a la idea de alguien “que adolece”. Por definición, es adolescente quien aún está creciendo. Y es una labor inaplazable de los padres y las autoridades lograr que, en el caso de los 80.000 colombianos menores de edad que hoy se encuentran al borde del abismo y no cuentan con la suficiente asistencia para sobreponerse a la violencia que les ha tocado encarar desde el comienzo de sus vidas, no haya que darle a la palabra ese sentido trágico: el de entrar al dolor como a un destino.
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Unos loquillos chama
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