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La participación organizada del ciudadano en la construcción de acuerdos, debe asegurar la vigencia del estado de derecho, de las instituciones públicas y del contrato social, en virtud de los principios de igualdad, equidad y justicia.
Está claro que la participación organizada no puede ser ajena a la memoria histórica de nuestra sociedad. Debe tener una articulación constante con el pasado que asegure la autocrítica, que propicie hacer un balance global del estado social de la nación, que tomada en cuenta, sea la voz consensual de nuestro destino.
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