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La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y
tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con
faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
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