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Política económica de los Recursos Naturales: Pensando en la “Independencia” para la Región del Gran Caribe.
Como parte de la función reguladora, el Estado influye a través de su política económica directamente en el crecimiento económico de un país. La discusión acerca de los efectos de esa política, giran generalmente en torno a los cuestionamientos sobre el mayor bienestar que obtendría la población. Sin embargo, poco se analiza y cuestiona el efecto que pudiera ocasionar esa política en el uso de los recursos naturales y su dependencia.
La política económica la podemos definir como las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico, dentro de los cuales podemos englobar a la propiedad nacional. En referencia a lo anterior, la política económica, que tradicionalmente han seguido los gobiernos hacia el aprovechamiento de los recursos naturales, es considerada como una nueva “gobernanza de los recursos naturales”[1], orientada a maximizar su contribución al desarrollo, con criterios de igualdad y sostenibilidad, así como para fomentar un cambio estructural de largo plazo asociado a la innovación y al desarrollo tecnológico que reduzca la dependencia de los sectores extractivos.
Considerado la tendencia expresada en recientes Estudios, los países de la región dependen altamente de los ingresos de sus recursos naturales, contemplando con menor interés la diversificación de sus industrias y aparatos productivos. A la luz de las recientes reducciones en los precios internacionales del petróleo, situación que afecta a la economía global, los Estados del Gran Caribe se ven en la imperiosa necesidad de recurrir internacionalmente a los mercados de capital, a organismos internacionales y/o tomar medidas económicas de emergencia para palear la crisis del llamado “oro negro”. De acuerdo a cifras de 2012, América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo con mayor cantidad de reservas petroleras, después de Oriente Medio, y concentra una proporción superior a 20 %. Un dato menos favorable es el de las reservas gasíferas regionales, que perdieron relevancia en la última década al situarse en torno al 4 % del total mundial. Para el año 2013, la cantidad de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías –SA-) exportados por los países de la región del Gran Caribe,alcanzó de la cifra de 102,986,864 mdd como principal producto de venta al exterior.[2]
Lo anterior refleja el comportamiento de un producto en específico como el petróleo. Por otro lado, podemos encontrar que la mayoría de las economías de la región dependen de una explotación minera como fuente importante de ingresos, Bauxita (Jamaica, República Bolivariana de Venezuela, Surinam) Cobre (México), Cinc (México), Oro (Surinam, México, Colombia, República Dominicana), Níquel (Colombia, Cuba), Carbón (Colombia) entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que la clave para una mejor administración de los recursos, es el correcto diseño de una política económica de los gobiernos para enfrentar los desafíos planteados tanto en la distribución económica racional que los mismos generan, como en la disponibilidad de estos recursos naturales con una proyección de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, y para evitar una inestabilidad macroeconómica ocasionada por una concentración de exportaciones en sectores con una elevada volatilidad de precios, se requieren estrategias de diversificación productiva y un conjunto de acciones gubernamentales dirigidas a impedir, rebasar y minimizar los efectos del ciclo económico. Otro desafío que deberán enfrentar los Gobiernos, tiene que ver con la correcta inversión de una parte sustancial de los retornos generados por la explotación de los recursos naturales en otras formas de capital físico y humano hacia otros sectores, que le permitan obtener una diversificación de sus áreas productivas.
En la medida en que se apliquen buenas políticas públicas, la abundancia de los recursos naturales no tiene que ser una malsana independencia. La clave, reside en dos factores: diversificación e innovación. En razón a estos dos factores, para su tratamiento apropiado se requiere de un marco institucional adecuado, que cuente con una estrategia fiscal de eficiente distribución de los recursos, y con una autoridad estatal competente capaz de enfrentar los desafíos de la economía política
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