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tiene una función diagnóstica, reseña la situación, de la educación inclusiva en Panamá, luego del Plan Nacional de Educación Inclusiva y el proceso de modernización de la educación puesto en marcha en el año 1996. La modernizada Ley Orgánica de educación (Ley 34 de 6 de julio de 1995) confirió a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), asociados o no a discapacidad, el derecho al libre ingreso al Sistema Educativo Regular, tal como declara el ARTÍCULO 71 de la sección tercera que declara textualmente:
“El subsistema no regular atenderá, mediante educación especial, a las personas que por sus condiciones físicas, sensoriales, mentales o sociales, no pueden beneficiarse óptimamente del proceso de enseñanza aprendizaje ofrecido por el sub.-sistema regular... esta población tendrá derecho de ser atendida en el subsistema regular, cuando sus condiciones así lo requieren.”
Hasta ese momento la educación a las personas con discapacidad se había realizado en forma paralela y segregada desde el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), habiéndose iniciado en los años 70 el movimiento de integración. Dentro del marco de la modernización y siguiendo sus políticas se elaboro el Plan Nacional de educación Inclusiva. Este marco de derechos sustentado en diversos acuerdos internacionales y enmarcado en el área educativa, sobretodo en los acuerdos firmados en Jontiem, Tailandia, se mantiene en los principios de que todos los seres humanos tenemos derecho al mismo nivel de acceso y bienestar, independientemente, de nuestras potencialidades.
Siendo la educación la base para la incorporación a la sociedad del siglo XXI, tal como la tenemos en la actualidad, socialmente estructurada se hace imperante la necesidad de permitir el libre acceso a todos y todas a la educación, cerrando así el enfoque de separación entre un marco de atención especial, pero segregada, y el otro “supuestamente” normalizador.