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No se trata de conmemorar una fecha que ha sido tan nefasta para el país sino que procuré revalorizar el verdadero “sentido institucional” que asume un gobierno democrático para la vida ciudadana de un país. En ese contexto, los militares argentinos que gobernaron la República a partir del 24 de marzo de 1976 se autoconvencieron de que, debido a la violencia extrema y progresiva en que se encontraba el país, se debía apelar a una inmediata “respuesta institucional”. Ellos consideraban que la violencia extrema –según su propio criterio militar– provenía de las fricciones producidas por las facciones de la izquierda y la derecha del Movimiento Peronista, además de la violencia de los guerrilleros montoneros y del ERP, lo cual generaba un clima bélico que obligaba a la irrupción de la ofensiva militar. De ese modo se gestó el infausto “Proceso de Reorganización Nacional”, plan pergeñado sigilosamente por el gobierno de facto. Ese 24 de marzo, una vez destituida la presidenta Isabel Estela Martínez de Perón y trasladada –en condición de detenida– en el helicóptero presidencial desde la Casa Rosada directamente hasta Neuquén, los militares se dedicaron a pergeñar las genocidas acciones que impulsarían tiempo después desde su repudiado gobierno de facto. Las medidas adoptadas fueron la disolución del Congreso de la Nación, el establecimiento de la pena de muerte a los subversivos, la suspensión de las libertades ciudadanas, la remoción de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos y universidades, la proscripción de las actividades partidarias y la supresión de las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes del país, designando intendentes funcionales a su ilegítimo gobierno. Aquí debemos detenernos para observar los cuantiosos cómplices civiles que aceptaron ocupar esos cargos durante esa época hostil (1976-1983), teniendo en cuenta que se encontraban inmersos en una acuciante situación con la desaparición de personas mediante. Está fehacientemente acreditado que la situación que vivía el país durante esa instancia era sumamente delicada, generada por la ola de violencia que soportaba sobre sus espaldas, pero nada justifica los medios utilizados; un gobierno no elegido por el voto popular y más aún, autoproclamado por ellos mismos, por los comandantes de las Fuerzas Armadas, no tenía razón de ser. En ese sentido, el argumento militar esgrimido públicamente fue que el régimen dictatorial impuesto por las Juntas Militares impulsaba un disciplinamiento generalizado de la sociedad argentina. Atención, cuidado con el concepto señalado, ya que tuvo varios avales civiles de periodistas, empresarios poderosos y algunos políticos que coincidían con la línea de pensamiento impulsada por los genocidas. Pero la violencia de Estado inusualmente desatada al poco tiempo se convirtió en “terrorismo de Estado” cuando advertimos que hubo 30.000 desaparecidos en tan sólo siete años de usurpación institucional, con un promedio aproximado de 4.280 desaparecidos por año. En esa época de silencio pocos alzaban sus voces contra el régimen, solamente las Madres de Plaza de Mayo marchaban y había muchos periodistas en los medios y políticos que eran afines a los procedimientos y métodos de derecha adoptados por el gobierno de facto. Cabe destacar que la mayoría de los desaparecidos presentaba afiliación partidaria al Partido Justicia-lista y son muy pocos los desaparecidos de otros signos partidarios, ya que la mayor parte de los peronistas era considerada por los militares como “subversivos revolucionarios”. Actualmente, a 39 años de ese relevante acontecimiento del 24 de marzo de 1976 que recuerda un cercenamiento directo de las instituciones, resulta conveniente reflexionar acerca de la importancia del usufructo de la vida institucional democrática. Podemos disentir, discutir, conversar, divergir, discrepar y hasta retar y llamar al orden si resultara necesario, pero lo que nunca podemos hacer es avalar la mutilación de nuestro sistema democrático propio de un gobierno representativo, republicano y federal. Todas las libertades están intactas, sólo debemos utilizarlas criterios amente, con raciocinio y objetividad, para que nadie vuelva a vulnerar nuestros derechos ciudadanos