por que la constitucion politica de los estados unidos mexicanos es la ley suprema de nuestro pais
Respuestas
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. Es por ello que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece la siguiente jerarquía de la ley suprema:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Suprema de la Unión
Leyes del Congreso de la Unión (leyes federales)
Tratados internacionales
Todas las leyes existentes en nuestro País se encuentran sustentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tocante al tema que nos ocupa “la economía del país”, pueden dividirse conforme al aspecto que regulan y conforme a lo que la Constitución establece, por lo que considero que existen dos partes: Administración (de los ingresos en el país, de los bienes, de las actividades comerciales y crediticias, etc.) y Regulación (facultades de la autoridad e iniciativas de ley), sin embargo, es necesario que existan otras leyes y reglamentos que apoyen, administren y regulen lo ya establecido.
Respuesta:
Cuando decimos que la Constitución es suprema, hacemos referencia a que se encuentra revestida de super legalidad y supremacía en tanto impone como “deber-ser” que todo el mundo jurídico inferior a ella le sea congruente y compatible, y en consecuencia, que el mismo no la incumpla ni le reste efectividad funcional y aplicativa.
Explicación:
La Constitución, por medio de los principios que consagra, obliga al Estado a la conformación del orden social que se realiza a través de dos formas: por una parte, conformando el orden social y, por la otra, mediante la participación del Estado mismo, o de alguno de sus entes de derecho público o privado, en el orden social y económico.