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Un delito es una conducta que es sancionada con cárcel. Se trata de actuaciones que han sido consideradas de tal gravedad para la sociedad o para los demás, que el Estado ha tomado la decisión de perseguirlos y castigarlos con la privación de la libertad. Ciertamente, en el caso colombiano, muchas prácticas son tan frecuentes que perdemos de vista su gravedad y en especial, su ilegalidad.
Los delitos electorales son una muestra de esto. En todas las elecciones, somos testigos de la comisión de estas conductas, y algunas veces, las consideramos inofensivas o poco relevantes para nuestra convivencia en sociedad. Sin embargo, si el Estado ha determinado que estos actos son nocivos para la sociedad y para la existencia de la democracia, es porque efectivamente, se trata de actuaciones que perturban la trasparencia, igualdad y legitimidad de los cargos que serán proveídos con las elecciones. En realidad, nosotros somos los primeros llamados a mejorar nuestras instituciones, evitar conductas delictivas y denunciar la compra y venta de votos, las perturbaciones a las elecciones o la presión indebida en los electores.