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En la República Bolivariana de Venezuela a partir de la constitución del año 1999, se da constitucionalmente la figura de la CONSTITUYENTE, que es la forma más directa de demostrar el poder originario del pueblo.
La figura de la Constituyente esta ideada para transformar el Estado y proporcionar un nuevo Ordenamiento Jurídico, es decir, una nueva República con un nueva Carta Magna, la misma se ubica en el Titulo IX y Capítulo III desde el artículo 347 al 349.
Para poder activar una Constituyente se deben seguir ciertas normas establecidas en la propia constitución vigente entre las cuales se tiene que, para activarla, hay tres maneras de INICIATIVA de Convocatoria:
1. El Presidente de la Republica en Consejo de Ministros.
2. La Asamblea Nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes, es decir la mayoría calificada, los Concejos Municipales en Cabildo y mediante el voto de las dos terceras (2/3) partes de los mismos.
3. Los Ciudadanos siempre que estén inscritos en el padrón electoral y reúnan el quince por ciento (15%) de las voluntades.
La Iniciativa debe ser llevada a Referéndum Consultivo para su evaluación y de ser aprobada, se llevaría a cabo el proceso de votación para elegir democráticamente a los CONSTITUYENTISTAS, que se encargaran de redactar un nuevo texto constitucional, el cual una vez presentado a la población electora para su consideración; debe ser objeto de un referéndum para su aprobación o rechazo.
De ser rechazado el texto propuesto, se queda intacta la constitución vigente y de ser aprobado, entrará en vigencia en el momento que se publique en la Gaceta Oficial de la República.
Las ventajas que el pueblo tiene sobre una constituyente es que se puede tener la iniciativa para sustituirla si se ha convertido en obsoleta, también que para ser aprobada se deben cumplir las normas constitucionales desde la iniciativa hasta el referéndum o consulta popular.
Entre las desventajas se tiene que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se apodera de todos los poderes constituidos y ninguno se puede negar al poder originario inherente, lo que parece ser un abrupto jurídico toda vez que pueden reemplazar los poderes constituidos sin haberse aprobado ni derogado la constitución vigente, es decir, una confiscación de los cargos previamente elegidos tanto por el pueblo como por los demás poderes públicos.