Respuestas
Respuesta:
Explicación:
Derecho de sufragio y participación política están, en teoría, íntimamente
vinculados. Son o deberían ser, en cierto modo, directamente proporcionales. No ha sido ese el caso del Perú en los dos últimos siglos. La extensión
del sufragio, por paradoja, redujo la participación popular y la libertad del
elector. El voto de los analfabetos, lejos de permitirles una mayor participación en la vida política del país, aumentó el poder de los gamonales. La reducción del cuerpo electoral, por obra de las limitaciones impuestas a la participación popular (por ejemplo, voto capacitario, voto masculino o exclusión
de ciertos sectores como el ejército, el clero, etc.) o a la forma de elección
(sufragio indirecto), tampoco aseguró una mayor pulcritud y verdad en los
comicios. No obstante el reducido cuerpo electoral constituido sólo por los
alfabetos, con excepción de los indios —como se verá más adelante—, las
elecciones fueron casi siempre fraudulentas durante los inicios de la República y, desde luego, en la República Aristocrática.1 Lo fueron más todavía
bajo el imperio de las autocracias tanto civiles (Leguía, Prado en su primera
administración, y Fujimori) como militares (Benavides, en 1936 y 1939, y
Odría en 1950 y 1956) ¿Cómo puede explicarse tal paradoja?
El derecho de sufragio en el Perú
Valentín Paniagua Corazao
Elecciones (2003) 2, 61
Ex presidente de la República y del Congreso del Perú. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia
Universidad Católica del Perú y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Jefe de la Misión de
Observación Electoral de la OEA en Guatemala (2003).
1. Con excepción de las elecciones presidenciales de 1872 y 1895, todas las demás en el siglo pasado tuvieron vicios fundamentales, señala Basadre (1980). Las dos elecciones de Gamarra a mediados del siglo XIX,
fueron una «imposición oficial». Castilla se «autoeligió» en 1845 y se reeligió en 1858 usando de su poder
mediante «un proceso doble de seducción e intimidación»; del mismo modo impuso a sus sucesores:
Echenique en 1851 y San Román en 1862. El coronel Balta «debía» ganar por ser militar, y Manuel Toribio
Ureta «debía» perder «todavía» en 1868. Pardo pudo ganar en 1872 por su enorme prestigio político y económico y porque, finalmente, contó con el respaldo popular frente a la intentona militar que trató de imp La respuesta está, sin duda, en la situación de servidumbre a la que se
hallaba sometida la raza indígena, en una legislación incoherente con la verdadera realidad del país y, por cierto, en unas «costumbres electorales» reñidas con el respeto a los más elementales principios éticos y democráticos.
Es innegable que las primeras elecciones republicanas no correspondieron
a la genuina voluntad popular. Si en un primer momento podían justificarse,
por diversas circunstancias (ocupación del territorio por fuerzas externas,
enfrentamientos de facciones, períodos de anarquía, etc.), no había ninguna
excusa para tolerar los mismos vicios (suplantación o adulteración del voto
popular, coacción e intimidación al elector, imposiciones oficiales, manipulación de los organismos electorales y, desde luego, la autocalificación electoral parlamentaria) en pleno siglo XX.
Cincuenta años después de la emancipación, Manuel Pardo creía que el
sistema electoral estaba enteramente viciado. Hallaba que sus deficiencias
comenzaban con la calificación misma de los ciudadanos (abuso en la formación del registro cívico y en la emisión de las cartas de ciudadanía), y seguían con la designación de «mesas instantáneas» por los primeros sufragantes que llegaban al acto electoral; constituir después las mesas receptoras de votos era causa no sólo de violencia sino de las más graves corruptelas.
El sistema obligaba a que, en palabras de Manuel Pardo:
...los partidos procuren cerrar el paso a todo voto contrario o a abrírselo
para emitirlo, naciendo allí, generalmente, la lucha. Desde 1851 [venimos
contemplando que] el partido dueño de la mesa momentánea se defiende
en ella con un grupo de la peor gente que pueda hallar a mano [...] y forma
la mesa permanente como más conviene a sus intereses. (1871, 3)
Dos décadas después, la situación no se había modificado ni siquiera luego de la catástrofe que significó la agresión de Chile al Perú. Piérola decía en
1886: «Nos falta verdad en las leyes, verdad en las instituciones, verdad en
todas partes. Traerla, combatiendo el engaño donde se presente es la necesidad suprema del Perú».2 Tres años después, el Programa del Partido Demócrata proclamaba la necesidad de autenticidad en el sufragio. Su prédica
resultó estéril. Fue necesario que, en 1895, se pusiera a la cabeza de sus
montoneras para que el país comprendiera la necesidad de la verdad electoral si quería crear un «Estado en forma». Sin embargo, ni ese empeño ni
2. «Reportaje al Jefe del Partido Demócrata, señor Nicolás de Piérola», en El Nacional, Lima, 10 de mayo
de 1886 (citado por Dulanto, 1947, 352).