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La organización de las expediciones de exploración y conquista
La empresa de exploración y conquista encabezada por Hernán Cortés a partir de 1519 no fue un hecho aislado o sin precedentes. La forma en que se organizó y las bases jurídicas que desde la mirada española la legitimaron, deben entenderse como el resultado de un largo proceso de expansión de los dominios de la Corona de Castilla en la Península Ibérica, las islas Canarias y las Antillas. Las capitulaciones e instrucciones fueron instrumentos jurídicos fundamentales en dicho proceso, pues permitieron vincular los intereses del rey con los de los exploradores y conquistadores que lo llevaron a cabo. Veamos por qué.
Como es sabido, con las bulas alejandrinas de 1494, el papa otorgó a los castellanos el dominio sobre las llamadas Indias occidentales, incluso sobre aquellos territorios habitados que los europeos ni siquiera tenían noticia. De esta forma, desde fines del siglo XV, los reyes de España se asumieron como los legítimos señores de las tierras ubicadas al occidente del Atlántico. Sin embargo, la Corona no contaba con los medios materiales para hacer efectivo el dominio sobre los territorios y habitantes del continente americano. A diferencia de los estados modernos, la monarquía hispánica no tenía un ejército profesional de gran escala y la presencia de su pequeña armada estaba limitada al ámbito europeo. Por esta razón, las empresas de “descubrimiento” y conquista de los territorios que hoy conocemos como América fueron organizadas mediante contratos firmados entre la Corona y particulares.
Estos contratos tenían el nombre de capitulaciones o instrucciones. Su validez, en términos jurídicos, estaba basada en el supuesto derecho que los reyes castellanos reclamaban para sí sobre las Indias. Para los europeos, la Corona de Castilla era la única que podía autorizar y establecer las condiciones de las expediciones de penetración del territorio americano. Pero las capitulaciones e instrucciones no eran únicamente licencias e instrumentos de control para exploradores o conquistadores, de ahí que se trataran de contratos. Dichos documentos establecían, también, mercedes para quienes participaban en las empresas.
Los contratos podían elaborarse por iniciativa de las autoridades o de los particulares. Estos últimos se comprometían a reclutar las tropas, así como a financiar, organizar y llevar a cabo la expedición. La Corona, por su parte, daba el poder y la autorización, imponía una serie de deberes y prometía recompensas a los participantes. Entre éstas se encontraban: tierras, indígenas en encomienda, tributos, tesoros o cargos públicos. De esta forma, la expansión del dominio español sobre América se realizó bajo lo que hoy llamaríamos asociaciones público-privadas.
La expedición encabezada por Hernán Cortés se organizó dentro de este esquema. En 1518, el adelantado y gobernador de Cuba Diego Velázquez decidió armar una nueva misión de exploración hacia tierras continentales. Para ello, eligió a Cortés como capitán y repartió con éste los gastos de la empresa. Durante los últimos meses de dicho año Cortés se dedicó a reclutar hombres, conseguir naves y comprar provisiones. Velázquez, por su parte, en nombre del rey redactó unas instrucciones en octubre de 1518 con las que fijó las condiciones de la expedición. El documento ordenaba a Cortés y a sus hombres limitar su empresa a recopilar información sobre las tierras y sus habitantes, buscar náufragos de la armada de Juan de Grijalba, rescatar cautivos europeos y comerciar o intercambiar bienes con la población indígena. Con ello, prohibía penetrar al territorio para conquistar o colonizar. Las instrucciones, además, fijaban una serie de principios para regular la conducta de la armada.
Antes de que Cortés partiera de Cuba en febrero de 1519 comenzaron a surgir conflictos entre él y Diego Velázquez. Estos presagiaron la ruptura que meses después se presentaría entre los dos personajes que llevaría al desconocimiento por parte de Cortés de las instrucciones que originalmente habían regulado la expedición.
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