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El asesinato de un prominente cantante de música folclórica en territorio guatemalteco puso al propietario de una discoteca nicaragüense en el centro de la atención pública y permitió conocer una red de tráfico de drogas ilícitas que se extendía desde Colombia hasta México. Esta red era facilitada por la policía de Nicaragua, un juez y un prominente abogado vinculado a la familia más poderosa del país.El 19 de mayo de 2020, cuando todos los focos de la opinión pública estaban dirigidos hacia la pandemia del coronavirus, una jueza de Managua ordenó inexplicablemente, y sin estar facultada para eso, la expulsión de Nicaragua del ciudadano nicaragüense-estadounidense Hugo Mauricio Jaén Figueroa, uno de los últimos dos “peces gordos” que quedaban presos de una banda de traficantes de drogas y lavadores de dinero que operaba en Nicaragua con la complicidad de la policía y las más altas esferas del poder político.Originalmente, Jaén Figueroa fue condenado como parte de esa banda de 23 personas en el caso de narcotráfico de más alto perfil en Nicaragua en las últimas dos décadas: Henry Fariñas, el empresario que era blanco del ataque en el que fue asesinado a balazos, el 9 de julio de 2011, en Guatemala, el icónico cantante argentino Facundo Cabral.Fariñas y Cabral habían amanecido ese día en el mismo hotel en la ciudad de Guatemala y estaban manejando en el carro de Fariñas la corta distancia por el Bulevar Liberación hasta el aeropuerto cuando un vehículo grande se deslizó frente a ellos y les bloqueó el paso. Dos vehículos más se pusieron a cada lado y abrieron fuego con armas de grueso calibre, impactando el Range Rover de Fariñas por lo menos 18 veces, obligándolo a salir atropelladamente de la carretera. Fariñas quedó gravemente herido. Cabral murió en el lugar.
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