Respuestas
La Fiscalía conformó un grupo de trabajo de tres fiscales y 20 investigadores para encarar el escándalo. Gobierno asegura que alto funcionario de la era Uribe está comprometido. Alianza con Estados Unidos y Brasil para llegar al fondo de los presuntos sobornos.
En pocas líneas, una corte del Distrito de Nueva York (Estados Unidos) encendió las alarmas de la justicia en Colombia. En aplicación de una ley norteamericana de 1977, que dispone acciones legales contra las prácticas corruptas en el extranjero, fue acusada la sociedad brasileña Odebrecht S.A. y dentro de los doce países en los que la empresa presuntamente incurrió en sobornos para asegurar contratos públicos, apareció Colombia, donde la compañía constructora tiene presencia desde 1991.
El documento judicial que dio apertura al proceso en Estados Unidos resume que entre 2009 y 2014 Odebrecht realizó e hizo que se promovieran pagos corruptos por más de un millón de dólares para asegurar contratos de obras públicas. “Obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de estos pagos corruptos”, se lee textualmente en la decisión penal. Entre 2009 y 2010 accedió a pagar a través de la División de Operaciones Estructuradas “un soborno de US$6,5 millones a un funcionario gubernamental encargado”.
Sobre esta perspectiva, es claro que la justicia colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A. durante el quinquenio señalado en Estados Unidos. Aunque aparecen dos contratos importantes, dos obras de alta ingeniería resaltan en ese período: la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht.
El Espectador estableció que una vez se tuvo conocimiento del escándalo internacional, el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recaudada por la Corte de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por tres fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras misiones de recaudo de información en los primeros frentes elegidos.
Por ello, las primeras acciones de la Fiscalía se ordenaron en tres escenarios específicos: la Agencia Nacional de Infraestructura para conocer los orígenes de la contratación de la Ruta del Sol Sector 2, con sus prórrogas y adiciones. Las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), en Bogotá y Barrancabermeja, para los mismos fines respecto al contrato celebrado con Odebrecht. Y, por supuesto, las dependencias de la firma brasileña.
Otra tarea inmediata de la justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la multinacional brasileña desde 2009 a la fecha, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana dan para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, si se comprueban ilícitos.
Los líos de la multinacional brasileña Odebrecht se iniciaron en 2015 dentro de la operación Lava Jato, cuando la justicia brasileña constató que el grupo económico, que alcanzaba operaciones en 21 países, se había consolidado pagando sobornos para ganar contratos. En Brasil, el escándalo tocó a funcionarios de la firma Petrobras y los hallazgos dieron lugar a procesos por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. En marzo de 2016, el propietario de la multinacional, Marcelo Odebrecht, fue condenado.
La destorcida del grupo Odebrecht, a raíz de las investigaciones iniciadas en su contra en Brasil y Estados Unidos, perjudicó su credibilidad en Colombia. La prueba es que, a pesar de que la empresa lleva 25 años en territorio nacional y en la actualidad tiene nexos con dos grandes contratos de ingeniería y la construcción de otras obras, desde el pasado mes de abril su mal momento le ha pasado factura. Quiso quedarse con una millonaria licitación para descontaminar el río Bogotá y perdió con un consorcio colombo-español.
De igual modo, los cuestionamientos a la firma Odebrecht y la apertura de investigaciones en su contra en Estados Unidos, enmarcadas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero, le han generado a la administración pública férreas inhabilidades e impedimentos legales. También existen leyes colombianas que impiden que sociedades, representantes legales o empresas matrices puedan negociar con sociedades extranjeras señaladas de ilícitos. El Consejo de Estado enfatizó sobre la necesidad de establecer acciones de control.