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Respuesta:
El racismo institucional no se manifiesta únicamente bajo la forma de esclavitud o “Jim Crow”
La mayoría de las personas en América Latina saben que la economía estadounidense se construyó con el trabajo esclavo, sobre todo en las plantaciones algodoneras, y que a mediados del siglo XIX se produjo en EE. UU. una guerra civil que culminó con la abolición de la esclavitud y con la adopción de enmiendas constitucionales que garantizaron la protección igualitaria, la ciudadanía y el derecho de sufragio a quienes habían sido esclavos. Muchos reconocen que los esfuerzos de inclusión en el período de Reconstrucción durante la posguerra se frenaron de manera abrupta en un contexto de segregación obligatoria, milicias blancas que aterrorizaban a la comunidad negra, negación de derechos electorales a los votantes negros y reimposición de prácticas esclavistas en las cárceles y las áreas rurales del país, como la aparcería o mediería. La segregación formal en el sur del país, conocida como leyes “Jim Crow”, se prohibió recién en la década de 1960, con la confluencia de decisiones de la Corte Suprema, leyes federales y el uso de fuerzas militares federales para asegurar el cumplimiento de éstas.
Sin embargo, se sabe mucho menos sobre cómo han influido en la experiencia afroamericana de los siglos XX y XXI el desinterés y las políticas gubernamentales específicas en múltiples ámbitos, desde vivienda y derechos laborales hasta la impunidad de los linchamientos y masacres o las medidas de encarcelamiento masivo. Las responsables no han sido solamente fuerzas económicas impersonales, como la desindustrialización y la despoblación de las viejas ciudades industriales del norte, sino decisiones estatales deliberadas que han producido resultados económicos, de salud y educativos intolerables y han desencadenado la indignación que actualmente vemos.
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