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Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña.Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo".
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