un comentario de Cómo aplicar la ley 269 y el ejercicio de los Derechos políticos y lingüísticos
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La formulación de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad obedece al mandato de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. En ese sentido, se conformó una Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal (Resolución Suprema N° 026-2016-MC), integrada por trece entidades del sector público y dos organizaciones indígenas, que tiene a su cargo presentar la propuesta de la Política Nacional garantizando la participación de las organizaciones que representan a los pueblos originarios, andinos y amazónicos.
De acuerdo a la información oficial, en el Perú se hablan 47 lenguas indígenas u originarias. Cada una de ellas, representa una conjunción de saberes, historias, costumbres, así como una particular forma de interpretar la vida e interactuar con el entorno. A través del uso de sus lenguas, los pueblos conservan y transmiten sus afectos, tradiciones, cosmovisiones, valores y conocimientos a las siguientes generaciones y al mundo. Por eso, las lenguas son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas del Perú, y, por consiguiente, de nuestra identidad nacional1. En ese sentido, la pérdida de cualquier lengua representa una pérdida irreparable para toda la humanidad2.
Sin embargo, la diversidad cultural y lingüística del Perú no siempre ha sido abordada con una actitud positiva; al contrario, históricamente ha sido negada e invisibilizada; generando procesos estructurales de exclusión y discriminación que han contribuido a la generación de importantes brechas económicas, sociales y de acceso a derechos en perjuicio de los pueblos indígenas u originarios. Incluso hasta hoy, existen ciudadanos y autoridades que creen que la diversidad lingüística es un obstáculo para el desarrollo, una dificultad que el Estado supuestamente debería superar a través de la homogeneización lingüística de la población, es decir, castellanizando a los hablantes de lenguas indígenas u originarias.
Así, en el Perú, durante siglos, el poder político y económico ha impuesto el castellano como la única lengua válida y de prestigio. Generando con ello, un proceso de desprestigio de las lenguas indígenas u originarias y la discriminación sistemática de sus hablantes. Por años, las lenguas indígenas han sido consideradas inferiores por estar asociadas a los pueblos indígenas y éstos, a su vez, a la pobreza y el analfabetismo. Lo mencionado se refleja en un país que posee una administración pública monolingüe para interactuar con una sociedad que habla 47 lenguas indígenas.
En ese contexto, esta Política Nacional se constituye en la herramienta que permita a las autoridades de los diferentes sectores y niveles de gobierno asumir compromisos concretos para garantizar la efectiva implementación del marco jurídico que protege los derechos lingüísticos de los hablantes y la salvaguarda de las lenguas indígenas. Los lineamientos de esta Política Nacional reflejan las prioridades del Poder Ejecutivo en materia de lenguas indígenas, tradición oral e interculturalidad, y busca integrar y dar coherencia a todas las acciones que se implementen en los diferentes niveles de gobierno.
Conviene subrayar que esta Política Nacional posee lineamientos específicos para la población hablante de lenguas indígenas originarias pero también lineamientos generales dirigidos a toda la población