Respuestas
Respuesta:
Al momento de planificar el período 1947-1951, la STyP reconocía la necesidad de sentar posición en torno a los organismos en los que recaerían las funciones de conciliación y de arbitraje. Sus autoridades planteaban que los antecedentes nacionales, provinciales e internacionales mostraban tres posibilidades: adjudicar la función a organismos del Poder Judicial, al poder administrador o conformar un sistema mixto. Si bien la segunda opción estaba en funcionamiento y fue la que prevaleció, se ofrecía una interesante argumentación para sostenerla: “Los conflictos referidos no se promueven para obtener la actuación de un derecho consagrado por normas jurídicas vigentes sino con miras a conseguir la implantación de nuevas normas que permiten mejorar las condiciones de trabajo. Ese hecho trae como consecuencia que sea aconsejable acordar esa actividad a organismos que no integren el Poder Judicial, toda vez que la función propia de este es la de resolver conflictos, no la de crear derechos” (“Plan de Gobierno, 1947-1951”, p. 86).
Explicación: