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Varios relatores y expertos independientes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenan la represión de las protestas pacíficas en Colombia y están consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza al tiempo que piden que se investiguen las muertes y otras violaciones de los derechos humanos.
Expertos en derechos humanos de la ONU y Organización de Estados Americanos condenan la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y piden al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes reportadas, la violencia sexual, las alegaciones de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados.
Los expertos han recibido informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura.
El 28 de abril de 2021, los trabajadores colombianos, liderados por una alianza de sindicatos y grupos sociales, empezaron a manifestarse pacíficamente en toda Colombia contra una serie de medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas un proyecto de ley de reforma fiscal que supuestamente profundizaría la desigualdad, según explican los encargaos de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.
A pesar de que el Presidente anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma fiscal se retiraría, las protestas continuaron. La gran mayoría de las protestas fueron pacíficas, pero se reportaron también actos de violencia.
Los militares no deberían vigilar manifestaciones
Una de las cuestiones que más les preocupa es la participación de los militares en la respuesta del Gobierno. Subrayaron que el personal militar se forma y entrena principalmente para defender el país contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones.
“Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes,” dijeron.
Se ha reportado una represión contra los medios de comunicación, incluyendo censura, restricciones de Internet, así como ataques y acoso a periodistas.
"Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad", añaden los especialistas.
El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema, a la que sólo se puede recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente , las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resulten ineficaces.
Opinión : La ola de protestas desatada en Colombia contra la fallida reforma fiscal ha derivado en un reguero de sangre al que el Gobierno debe poner fin urgentemente. El presidente, Iván Duque, tiene que convocar un gran pacto de unidad, acabar con los abusos policiales y depurar responsabilidades. Con 20 muertos sobre el asfalto ya no se puede mirar hacia otro lado.
El hecho de que las movilizaciones hayan continuado después de que Duque retirase su proyecto fiscal el pasado sábado muestra la profundidad del malestar ciudadano. La reforma tributaria fue el detonante de un hartazgo generado por la desigualdad y el aumento de la pobreza, factores que la pandemia ha disparado y que ya sacaron a las calles a miles de personas a finales de 2019. A ello se ha unido una represión policial intolerable, criticada desde hace tiempo por muchos sectores políticos, de la sociedad civil y organismos internacionales y de la que esta semana han llegado a alertar la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.
La brutalidad policial es algo de lo que se viene alertando desde las protestas de 2019. Para nada ayudan, en este sentido, declaraciones como las del expresidente Álvaro Uribe, que animó a las fuerzas de seguridad a utilizar las armas. Colombia, con una historia reciente marcada por la violencia, no necesita que ninguno de sus dirigentes eche más leña al fuego.
Es hora de que todos los actores políticos colombianos aparquen cualquier tipo de cálculo electoral y asuman la responsabilidad con los ciudadanos. Los titubeos del presidente, que por un lado llama a construir un diálogo nacional y por otro estudia la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, deben parar. Haría bien Iván Duque en escuchar los reclamos de quienes han salido a protestar, en su gran mayoría pacíficamente, al tiempo que frena los excesos de las fuerzas de orden público que, en última instancia, dependen de él
