Question

En el año 2006, por primera vez en la historia del Perú, una congresista juramentó al cargo en un idioma originario. María Sumire —abogada lideresa de comunidades campesinas del Cusco— juró en quechua para el periodo 2006–2011. Sin embargo, lejos de ser un acontecimiento feliz, la parlamentaria se vio obligada a repetir hasta tres veces su juramento por la falta de experiencia del Congreso de la República en el uso deintérpretes durante ceremonias oficiales.
En una entrevista posterior, Sumire manifestó haberse sentido maltratada por la falta de empatía de sus colegas ante el uso del runasimi, el idioma en el que aprendió a hablar y en el que se expresa con mayor naturalidad, al igual que millones de personas. Valgan verdades, muchos de sus colegas se incomodaron con el ejercicio de su derecho; y es que, en efecto, en aquella época, pese al carácter oficial que otorga la Constitución a los idiomas originarios, no existía una norma ni entidad que haga cumplir dicho mandato.
La parlamentaria no solo se empeñó en usar oficialmente su lengua materna, sino que dedicó su labor a impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias. Su lucha tuvo éxito y el 26 de junio de 2011 se aprobó la Ley N.o 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú —conocida como Ley de lenguas—.
Esta norma promueve y protege las 48 lenguas originarias que hablan más de cuatro millones de ciudadanas y ciudadanos en el Perú. Es decir, aproximadamente el 16% de la población nacional —según el INEI— tiene como primera lengua un idioma originario, sea de la zona andina o amazónica. Las lenguas de mayor predominio son el quechua, aymara, asháninca, matsigenka y awajún.
A partir de la vigencia de la Ley de lenguas, se han dado una serie de avances. El año 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura, desde donde se han capacitado traductores e intérpretes en 35 lenguas indígenas; se implementó un registro oficial de estos
y recientemente se presentó una aplicación gratuita para celulares que permite conocer más nuestras lenguas. Además, se normalizaron los alfabetos de 32 lenguas indígenas, se publicó el Documento Nacional de Lenguas Indígenas y se aprobó la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el sector Educación.
Asimismo, el Poder Judicial cuenta con traductores capacitados en 12 lenguas indígenas para intervenir en procesos judiciales y con un Registro Nacional Judicial de Peritos e Intérpretes en Lenguas Indígenas. De similar forma, en el sector salud se ha capacitado a una primera promoción de traductores especializados y EsSalud firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura para brindar atención en la lengua predominante de la zona a sus asegurados. Por su parte, el Reniec cuenta con el Registro Civil Bilingüe en jaqaru, awajún y aymara.
Estos logros son sin duda importantes y constituyen los primeros pasos del Estado en cuanto a la protección y respeto de los derechos lingüísticos. Sin embargo, la mitad de nuestras lenguas originarias (21) siguen en peligro de desaparecer y correrían la misma suerte que las 37 actualmente extintas. Las razones de esta amenaza están relacionadas con la falta de incentivos para su uso en el ámbito público y privado, y con la discriminación en contra de sus hablantes que les orilla a no transmitir su idioma a sus descendientes.
El 22 de julio, exactamente 10 años después de la juramentación en quechua de la congresista María Sumire, se publicó el Decreto Supremo N.° 004-2016-MC, que aprueba el reglamento de la Ley de Lenguas.
Este instrumento pasó por un proceso de consulta previa realizado entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 por el Ministerio de Cultura con las siete organizaciones indígenas representativas a nivel nacional (Aidesep, CCP, Conap, Onamiap, Femucarinap, Unca y CNA), logrando importantes acuerdos que permitirán al Estado generar políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos de las ciudadanas y los ciudadanos indígenas.
El reglamento tiene como propósito que las personas puedan usar con libertad su lengua materna en forma oral y escrita en los espacios públicos y privados y en la atención de los servicios de salud, educación, justicia, entre otros. Para tal fin, prevé que las instituciones públicas cuenten con traductores capacitados, que los documentos oficiales sean traducidos en aquellos lugares donde exista predominio de un idioma originario, asimismo, incentiva la contratación de funcionarios y servidores que dominen idiomas originarios.
Esta es una gran noticia que esperamos el Estado pueda implementar eficientemente, con la esperanza de que los hechos discriminatorios y vergonzosos que afectaron a la exparlamentaria no se vuelvan a repetir, ni con ella ni con nadie.

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