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Poder ejecutivo
El poder ejecutivo es el encargado de la administración y conducción del Estado, de la toma de decisiones políticas y estratégicas. Suele recaer en la figura de un jefe de Estado, llámese así o presidente o Primer Ministro, dependiendo de la estructura burocrática de la nación.
Este cargo suele ser electo por voto popular (directo o indirecto) y puede estar secundado por un vicepresidente (o varios). Se encuentra descentralizado en el caso de Repúblicas Federales en el mandato de gobernadores provinciales.
Las constituciones de cada país estipulan los mecanismos para elegir, desestimar o reelegir (si posible) al Presidente, y también las atribuciones que al poder ejecutivo corresponden, que generalmente son de tipo político y administrativo.
Poder legislativo
El poder legislativo se ocupa de la legislación, o sea, de la elaboración de leyes que rijan la vida en el país y que sirvan de contrapartida al poder ejecutivo.
Muchas de las decisiones presidenciales, de hecho, deben ser refrendadas por el legislativo antes de poder aplicarse. Usualmente este poder es el encargado de enjuiciar políticamente a los funcionarios de cargos públicos, pues la suya es la voz del pueblo en su representación directa.
Generalmente el poder legislativo reside en manos de una Asamblea Nacional, Congreso o cualquier otro tipo de Parlamento. Sus integrantes son electos por el voto popular y pertenecen usualmente a diversos partidos políticos. Existen parlamentos bicamerales (con diputados y senadores) o monocamerales (sólo con diputados).
Poder judicial
Es el encargado de hacer cumplir las leyes, interpretando lo establecido en la Constitución para que el Estado funcione en pleno respeto de la ley. Para ello cuenta con diversos organismos judiciales, a la cabeza de los cuales está el Tribunal Supremo de Justicia, pero que se extiende como un árbol, de mayor a menor jerarquía, a lo largo y ancho de la nación.
Además, el poder judicial se encarga de resolver las controversias y conflictos entre los demás poderes públicos, siempre a la luz de lo establecido en la Carta Magna.
Garantiza el cumplimiento de la ley, el castigo de quienes la violenten, así como las distintas instancias jurídicas necesarias para que el Estado funcione regularmente: lo administrativo, lo penal, lo constitucional, lo procedimental, etc.
De este modo, el poder judicial transmite sus decisiones mediante sentencias, que constituyen documentos jurídicos y forman parte de la historia jurídica de la nación.