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La mayoría de las economías actuales se enmarcan en el sistema capitalista, y el mercado es su principal instrumento de asignación de los recursos, dando respuesta a las tres cuestiones básicas de qué, cómo y para quién producir. Pero en estas sociedades el sector público también tiene un importante protagonismo y está muy presente en la economía. De ahí que se denominen a estos sistemas de "economía mixta".
La intervención del Estado siempre ha tenido lugar en el funcionamiento de las economías capitalistas, pero su grado de importancia ha variado a lo largo del tiempo.
Desde el comienzo de la revolución industrial a finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, imperó el liberalismo económico heredero de A. Smith, partidario de la no intervención del Estado según el lema "Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui même" (Dejad hacer, dejad pasar, el mundo funciona solo).
Pero incluso en esta época de dominio ideológico del liberalismo económico el Estado jugaba un papel en la economía, principalmente como guardián del orden social, garantizando mediante el sistema institucional y jurídico la libertad para realizar contratos y la propiedad privada de los medios de producción, básicos para que el sistema capitalista funcione.
Además, desde los inicios del sistema capitalista, el Estado ha actuado como corrector de los fallos y limitaciones del mercado más destacados:
Atendiendo las necesidades básicas colectivas, que el sector privado no satisface suficientemente, mediante la prestación de servicios públicos tales como sanidad, seguridad, justicia, educación, infraestructuras, etc.
Controlando las actividades económicas que se configuran como monopolios naturales (suministros de agua y energía, ferrocarriles, correos, etc.), para evitar que caigan en manos de empresas privadas que las utilicen en su propio beneficio.
Por otra parte, la desigualdad en el reparto inicial de la propiedad y el propio funcionamiento del sistema capitalista, que agranda esa desigualdad al transformar la riqueza en renta, ha sido siempre objeto de críticas desde los movimientos sociales y los sindicatos, que han exigido al Estado medidas correctoras de esta situación, con el fin de lograr una mayor equidad social.
A partir de la Primera Guerra Mundial, con el triunfo de la revolución socialista en Rusia en 1917, en todas las economías capitalistas se empezó a plantear la necesidad de una mayor intervención estatal en la vida económica. La Gran Depresión de los años treinta, generada por la crisis de 1929, tuvo un fuerte impacto en este proceso, poniendo en duda las bondades del mercado como mecanismo para garantizar el uso eficiente de los recursos.
La profunda depresión económica y la falta de confianza en los mercados favoreció un cambio en el pensamiento económico, que planteó la necesidad de una mayor intervención del Estado en los asuntos económicos. El resultado de este proceso fue un gran protagonismo del Estado, que asumió la dirección y la organización de la economía durante las décadas de crecimiento económico tras la Segunda Guerra Mundial.
La llamada crisis económica del petróleo, en los años setenta del siglo XX, frenó el crecimiento y propició una vuelta a los planteamientos liberales. Los países dominantes, Estados Unidos y Reino Unido, abanderaron la defensa del mercado como único mecanismo equilibrador de la economía, rechazando la intervención estatal más allá de su papel como guardián del orden social.
A partir de los años ochenta del siglo XX y hasta la actualidad, todos los países económicamente desarrollados han seguido, en menor o mayor medida, un proceso de privatizaciones y desregulación de los mercados a nivel mundial, según los principios liberales.
Aunque la participación del Estado en la economía es común a todos los países capitalistas, existen diferencias entre ellos respecto al peso del sector público en la vida económica. Una idea de ello nos la da el siguiente gráfico interactivo elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se muestra para un conjunto de países el porcentaje del gasto público sobre el PIB, desde el año 1980 hasta la actualidad: