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Respuesta:
Los contratos públicos desempeñan una importante función en las economías de los Estados miembros y se estima que generan más del 16 % del PIB de la Unión. Antes de que comenzara a aplicarse la legislación comunitaria, únicamente se adjudicaba a empresas no nacionales el 2 % de los contratos públicos. En algunos sectores —construcción, obras públicas, energía, telecomunicaciones e industria pesada—, estos contratos desempeñan un papel crucial, y tradicionalmente la preferencia por los proveedores nacionales se ha derivado de normas legislativas o administrativas. Esta falta de competencia abierta y eficaz era un obstáculo para la realización del mercado interior al elevar los costes que habían de asumir los órganos de contratación e inhibir la competitividad en determinados sectores clave.
La aplicación de los principios del mercado interior a estos contratos garantiza una mejor distribución de los recursos económicos y un uso más racional de los fondos públicos, puesto que las autoridades públicas obtienen productos y servicios de la mejor calidad disponible y al mejor precio, como resultado de una competencia más intensa. Dar preferencia a las compañías que mejores prestaciones ofrecen en el mercado europeo fomenta la competitividad de las empresas europeas y refuerza el respeto de los principios de transparencia, igualdad de trato y eficiencia, lo que reduce los riesgos de fraude y corrupción.
Explicación:
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