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La participación ciudadana se puede definir como aquella en la que los individuos –ciudadanos con derechos y obligaciones- toman parte en los asuntos públicos del Estado. Es decir la participación ciudadana apunta, fundamentalmente, a la relación entre el gobierno y los ciudadanos.
La participación ciudadana puede darse en distintos niveles: vecinal, municipal, estatal y nacional, en forma individual o colectiva, a través de las cuales se pretende: mayor cercanía y presencia ciudadana en la decisiones del Estado; establecimiento de mecanismos de vigilancia social; creación y fortalecimiento de instrumentos sencillos para la participación ciudadana; responsabilidad compartida en las acciones de beneficio colectivo entre la ciudadanía y el Estado y la sensibilización de la ciudadanía ante la problemática social.
Respecto a los programas de gobierno que impactan directamente en la vida de los ciudadanos, las instituciones no siempre logran identificar y resolver los problemas que la ciudadanía percibe (a veces reflejada en los índices de percepción de la corrupción, nacionales e internacionales); de ahí que, al incentivar la capacidad de la participación responsable y amplia de la ciudadanía, se obtienen aportaciones de eficiencia y transparencia en la elaboración y ejecución de los planes y programas de gobierno.