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En los últimos días hemos sido
testigos de diversas marchas en contra de diversas leyes que tienen como
objetivo implementar reformas. Una reforma es un cambio. Veamos el tema con
algún detalle.
En el Perú damos por sentado algunas cosas que en su tiempo requirieron de reformas; por ejemplo, mantener una inflación controlada y dentro de la meta esperada por el BCR; otro ejemplo: tener bajo control las finanzas públicas. Sin embargo en su tiempo, la implementación de las reformas para que hoy sean parte de lo “normal” enfrentó restricciones. La economía venía de una crisis, de modo que era aceptable por la población que había que hacer algo para evitar la hiperinflación y el alto déficit fiscal. En otras palabras, existía un consenso. Aquellas reformas relacionadas con el logro de la estabilidad y la apertura hacia el exterior se denominan “de primera generación”.
Sin embargo, para que la población reciba los beneficios de las buenas cifras macroeconómicas se necesita reformas en otros campos, como por ejemplo, el institucional; pongamos un ejemplo: la mayoría de los lectores estará de acuerdo en que el estado necesita ser reformado; a diario vemos que hay un exceso de burocracia, que la salud y educación no tienen los estándares de calidad adecuados, que no hay seguridad, etc. Está claro que la “buena economía” no es suficiente. Entonces quedan dos caminos: o nos quedamos así o mejoramos (reformamos) al estado.
Si estamos de acuerdo con el segundo objetivo, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Me parece que podemos pensar lo siguiente: en primer lugar, una adecuada comunicación por parte de los responsables de diseñar e implementar las reformas. La ciudadanía tiene que saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo se esperan resultados, etc. Observemos que con respecto de la ley del servicio civil eso no se ha hecho. Entonces, de manera natural genera rechazo, pues como en cualquier aspecto de nuestras vidas, las reformas significan cambios y si vamos a cambiar sopesamos los beneficios y costos del cambio. Eso debe estar claro para tomar la decisión.
En segundo lugar, las reformas institucionales como la del estado, no se pueden hacer “de arriba hacia abajo”, sino a la inversa; es decir, los afectados por la reforma tiene que opinar y ser parte de la misma. Las reformas funcionan solo si existe algún grado de consenso entre las partes involucradas. Si todos van a ser capacitados para luego ser evaluados, entonces pensemos en quién evaluará y cómo lo hará.
Por ejemplo, ¿alguien estaría en contra de mejorar educación y salud? ¿Es un tema solo de más dinero para el sector? ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestros estudiantes? Sabemos que sin inversión en capital humano no es posible pensar en mejoras en el futuro.
Entonces, siempre habrá oposición a las reformas, pero muchas veces no se sabe a qué se oponen ni por qué. Sin embargo, es un tema que tiene que trabajar el gobierno, con una agenda clara, en especial en el campo social. Si existe un marco macroeconómico multianual, ¿por qué no existe un similar en el campo social? La gente se opone a las reformas cuando no ve mejorías; teme perder su empleo y es un temor lógico; pero pensemos, ¿por qué perdería su empleo? Si va a ser capacitado y luego evaluado por una comisión intachable y con la categoría moral adecuada, ¿por qué oponerse?
En tercer lugar, la credibilidad es clave; por eso la mayoría de reformas se hacen al comienzo de los gobiernos y no hacia el final. El “cuándo hacerlas” importa tanto como el “cómo hacerlas”. Las reformas no se pueden hacer en un contexto donde la credibilidad de las autoridades está en caída. Por eso, aprovechar los buenos tiempos para hacer reformas es clave.
Ciertamente, los efectos de una reforma no son de corto plazo. Los gobiernos deben ser conscientes de ello. Es probable que algún gobierno posterior obtenga los beneficios. ¿Estarán dispuestos a ello? Pienso que es necesario hacer las reformas, pero ello pasa por consensos, agenda claras, pues son los verdaderos temas que tendrían que estar en la agenda nacional.
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