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Actualmente, se habla mucho y se discute más sobre la violencia contra la mujer, en especial, de la violencia doméstica o familiar. Se buscan las causas, se les define, se les critica -tanto como a las estructuras sociales que la toleran, ocultan y facilitan la exis-tencia de los agresores-; se proponen soluciones; se diseñan programas para modificar los patrones que producen esta violencia; se crean normas tanto internas como internacionales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
Ello es cierto, pero no existe todavía una definición universalmente aceptada, por tanto, la construcción de métodos de acercamiento, de detección, de atención, de prevención, todavía están en ciernes a pesar de que se cuenta con una declaración universal y una convención interamericana cuyos objetivos son precisamente el combate y la erradicación de la violencia hacia la mujer; a pesar de que en dos de las cumbres internacionales de derechos humanos1 de finales del siglo XX se reconoció que toda mujer tiene derecho a una vida sin violencia.
Existen varias formas de acercamiento al problema; múltiples esfuerzos por acotar y aclarar los fenómenos que se esconden tras el término "violencia contra la mujer";2 varios intentos por encontrar un denominador común que sea aceptado en todo el orbe y entendido tanto por las víctimas como por los funcionarios públicos encargados de prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas. Encontramos acercamientos tan amplios que abarcan los actos de "violencia estructural", es decir, aquellos que provienen de las estructuras sociales que favorecen la pobreza endémica de las mujeres, la desigualdad de oportunidades o la desigualdad en el acceso a la educación y a los servicios de salud entre varones y mujeres. Entre ambos extremos, existen varios acercamientos que pretenden dar definiciones más precisas y descriptivas bajo el argumento de que sólo así se ayuda a diseñar acciones concretas para erradicar estas prácticas.