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I. Preliminar
El 15 de diciembre de 2009 en la antesala de la clausura del periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Senadores la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida coloquialmente como la "reforma política".
Su presentación desencadenó que se pusieran sobre la mesa sendas iniciativas por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) conjuntamente con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia por la Democracia (CD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tanto por sus senadores como por sus diputados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y dos documentos adicionales presentados tanto por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, como por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de la misma filiación política. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a solicitud expresa del Senado de la República, presentó el documento intitulado La Reforma del Estado. Propuesta del IIJ-UNAM para la Actualización de las Relaciones entre Poderes del Sistema Presidencial Mexicano.1
El vasto caudal de insumos que se presentaron para la negociación generó la apertura de distintos foros de análisis y discusión, tanto en la órbita de las instituciones representativas como en los espacios académicos, sin que el periodo ordinario de sesiones que concluyó el 30 de abril del presente haya arrojado un acuerdo fundamental sobre los cambios por venir. Sólo en algunos temas menores se han advertido coincidencias importantes, pero en otros, principalmente los de mayor trascendencia, no se han podido generar las adhesiones necesarias para su correspondiente traducción jurídica.
Ante la certeza de que nos encontramos en la antesala de cambios de mayor o menor relevancia a la arquitectura jurídica de nuestra organización política, resulta oportuno reflexionar sobre la propuesta presidencial de introducir la segunda vuelta electoral para la renovación del Poder Ejecutivo federal, en el entendido de que, desde nuestro punto de vista, representa el eje articulador de toda la iniciativa, de conformidad con los presupuestos que la orientan, la innovación que propone, la magnitud del cambio institucional que, de concretarse, acarrearía, y la finalidad que pretende conseguir.
II. Las pretensiones de la iniciativa
Los diez temas contemplados en la iniciativa permiten advertir que, en un extremo, se proponen un conjunto de mecanismos orientados a fortalecer las capacidades de decisión política del presidente dentro de un contexto de pluralidad política creciente y, en el otro, se plantea la introducción de fórmulas como las candidaturas independientes, la iniciativa legislativa, la reelección de legisladores federales y estatales, y de autoridades municipales, encaminadas a animar una participación ciudadana más activa en el ámbito de las decisiones políticas colectivamente vinculantes.
No obstante, al sopesar más detenidamente la propuesta presidencial se constata que más allá de una pretendida doble orientación destinada a beneficiar tanto al ámbito de acción política del gobierno como de la ciudadanía, su premisa esencial descansa en el fortalecimiento exclusivo del poder presidencial mediante la utilización de distintas técnicas encaminadas al reforzamiento de sus capacidades de decisión política.