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Los edificios públicos, estatales y gubernamentales (incluidos hospitales, estaciones de tren, servicios de urgencias y colegios) afrontan retos específicos en cuanto a su seguridad y protección.
El hecho de que estén gestionados por las autoridades de un país implica que existan riesgos potenciales de que puedan sufrir represalias y actos de protesta contra decisiones u operaciones del gobierno, tanto nacionales como internacionales, en forma dedisturbios civiles y altercados.. En su forma más extrema, los edificios públicos (y, por supuesto, sus ventanas) pueden ser el objetivo de un atentado con explosivos.
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