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Se conocen como masacres de Sacaba y Senkata a los hechos sucedidos en dichas localidades durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política del 2019.
El 15 de noviembre, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles perdieron la vida y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.El 10 de diciembre de 2019 la CIDH condena enfáticamente las masacres de Sacaba y Senkata.
Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, afirmó que la totalidad de las personas fallecidas habían sido "muertos con escopeta, con bala (calibre) 22, con dinamita, o sea son asesinados por sus mismos compañeros".Juan Lanchipa, fiscal General del Estado, informó que, según las conclusiones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en los atentados a la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata se usaron bombas molotov y didinamita.
El 10 de diciembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de masacres,las muertes de civiles ocurridas en las ciudades de Senkata y Sacaba e hizo mención a “la pérdida de vidas humanas en diferentes sucesos en todo el país”.
En el mes de julio de 2020, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard emite un informe en el que establece que el Gobierno de Jeanine Áñez cometió vulneraciones a los DDDDH
En septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en el informe "Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia", afirmó que las acciones de los efectivos policiales y militares en Sacaba y Senkata derivaron en una masacre y que el Gobierno de Jeanine Áñez era responsable de delitos de lesa humanidad
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