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El concepto de gobierno es inseparable del de opinión pública en la medida en que la supervivencia de todos los gobiernos depende críticamente de la conformidad de la opinión pública. Pero las democracias protegen mejor a sus gobernantes de la amenaza que encierra la opinión pública que las dictaduras. Por una parte, las elecciones confieren a los gobernantes democráticos una legitimidad de origen de la que carecen muchos dictadores por haber alcanzado el poder a través de métodos considerados ilegítimos. Por otra parte, mientras la receptividad ante las demandas de la opinión pública suele reforzar la legitimidad de ejercicio de los gobiernos democráticos, se interpreta generalmente como signo de debilidad de las dictaduras. La vulnerabilidad de las dictaduras ante la opinión pública les lleva a adoptar inmediatamente medidas para defenderse de ella, combinando actuaciones represivas que inhiben a la población de expresar sus preferencias auténticas con otras que controlan los flujos de información que circulan en la sociedad. En un régimen de opinión pública cerrada no puede emerger una sociedad civil capaz de desafiar seriamente al poder. Pero si repentinamente la población comienza a acceder a información innegable que pone en evidencia la mendacidad de los gobernantes, la opinión pública cerrada puede derrumbarse rápidamente y precipitar la caída del gobierno.