Respuestas
Respuesta:
La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de
la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el
COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en
general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Explicación:
De los resultados de un análisis se desprende que los países que poseen sistemas sanitarios y de protección social eficaces, con cobertura universal, están en mejor medida de proteger a su población frente a los riesgos que conlleva el COVID-19. Por otro lado, los países que carecen de sólidos sistemas de protección sanitaria y social deberán formular políticas y llevar a cabo intervenciones de forma ad hoc, lo que probablemente dará lugar a la adopción de medidas de respuesta limitadas y tardías.
Las medidas políticas que han adoptado muchos países a escala nacional en materia de protección social para hacer frente a la crisis son de índole muy diversa.
Se han ampliado las prestaciones por enfermedad financiadas mediante impuestos ordinarios para que abarquen a trabajadores que, de otro modo, no tendrían derecho a ellas; se han implantado planes de protección contra el desempleo para ayudar a las empresas a mantener a sus empleados mediante planes de trabajo de jornada reducida, proporcionar prestaciones por desempleo a trabajadores despedidos, incluidos los que en otras circunstancias no tendrían derecho a seguro de desempleo, y garantizar los ingresos de las familias. En otros países se han proporcionado ayudas en especie, en particular productos alimenticios, comidas o dinero en efectivo, con objeto de facilitar el acceso a alimentos.