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La llegada de COVID-19 ha planteado un reto histórico para el mundo y para los países América Latina y el Caribe. Además del riesgo para la salud, la pandemia reducirá los ingresos de muchos y dejará sin empleo a millones de personas. Según las últimas previsiones, 35 millones de personas de la región podrían caer en la pobreza. Hoy por hoy es difícil predecir cuál será el impacto a mediano y largo plazo. Sin embargo, está claro que la región tendrá que desarrollar soluciones rápidas e innovadoras para proteger a sus poblaciones de los efectos del coronavirus en todos los aspectos: salud, social, económico. En este contexto, ¿qué está sucediendo con los millones de migrantes en los países receptores de la región? Contrariamente a interpretaciones iniciales que señalaban el COVID-19 como “el gran igualador o nivelador’’, la realidad está demostrando que el virus afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran los migrantes y de manera muy particular a los migrantes en condición irregular. Antes de la llegada del coronavirus, la región ya estaba atravesando una crisis migratoria potenciada por el éxodo venezolano. Desde el 2015, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país y más de 4 millones residen en países de América Latina y el Caribe. No obstante, no son los únicos, el 12% de población en Belice son inmigrantes de América Central; y en los últimos 10 años Chile ha otorgado alrededor de 275.000 visas a migrantes haitianos.
Respuesta:
La pandemia de Covid-19 ha cobrado muchas vidas en todo el mundo, sin embargo la vulnerabilidad de las personas no es la misma. Hay sectores de población que se encuentran en situación de discriminación estructural y de mayor vulnerabilidad como las personas migrantes o en situación de movilidad, cuya condición se agrava en el contexto de pandemia debido a la restricción en el acceso a derechos universales como la salud, la alimentación, vivienda y trabajo.
El riesgo de contagio para las personas migrantes se incrementa en lugares de detención y en espacios cerrados, pequeños y comunes, donde es difícil mantener la distancia debida para evitar el contacto con otras personas. A fin de proteger la salud, la vida y la integridad de las personas migrantes, los gobiernos no deben mantenerlas en detención con motivo de su condición migratoria.
La práctica reiterada del Instituto Nacional de Migración de realizar detenciones de personas migrantes aumenta su impacto negativo en tiempos de Covid-19, aunado a las malas condiciones de detención. Esto detonó diversas protestas y motines en estaciones migratorias en México, poniendo en riesgo no sólo la salud de las personas migrantes sino también su vida ante la falta de protocolos de reacción por parte de los cuerpos policiales.
Por otro lado, los albergues que históricamente han apoyado a las personas migrantes durante su tránsito, se enfrentan a retos de adaptación de espacios por lo que su capacidad numérica ha disminuido; sus necesidades aumentan porque requieren adquirir equipo para garantizar la salubridad del lugar y Informe sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas 28 prevenir contagios. Los albergues que pueden mantenerse abiertos durante la pandemia, maximizan sus esfuerzos para atender a la población migrante, sin embargo, es necesario el apoyo gubernamental para que estos lugares puedan sostenerse y brindar apoyo humanitario en las mejores condiciones de higiene y salubridad.
La pandemia de Covid-19 ha dejado en mayor desprotección a las personas en tránsito migratorio, incluyendo a aquellas que son expulsadas de Estados Unidos de América (EUA) y que se encuentran en la frontera norte de México esperando su turno para realizar trámites de solicitud de la condición de refugiado en el país vecino. Las políticas migratorias de México y EUA, tales como “Quédate en México”, la “Declaración Conjunta México Estados Unidos” y el “Acuerdo Complementario entre los Estados Unidos y México”, reflejan una política migratoria de exclusión que afecta a las personas que huyen de sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida.