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La llegada de COVID-19 ha planteado un reto histórico para el mundo y para los países América Latina y el Caribe. Además del riesgo para la salud, la pandemia reducirá los ingresos de muchos y dejará sin empleo a millones de personas. Según las últimas previsiones, 35 millones de personas de la región podrían caer en la pobreza. Hoy por hoy es difícil predecir cuál será el impacto a mediano y largo plazo. Sin embargo, está claro que la región tendrá que desarrollar soluciones rápidas e innovadoras para proteger a sus poblaciones de los efectos del coronavirus en todos los aspectos: salud, social, económico. En este contexto, ¿qué está sucediendo con los millones de migrantes en los países receptores de la región?
Contrariamente a interpretaciones iniciales que señalaban el COVID-19 como “el gran igualador o nivelador’’, la realidad está demostrando que el virus afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran los migrantes y de manera muy particular a los migrantes en condición irregular. Antes de la llegada del coronavirus, la región ya estaba atravesando una crisis migratoria potenciada por el éxodo venezolano. Desde el 2015, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país y más de 4 millones residen en países de América Latina y el Caribe. No obstante, no son los únicos, el 12% de población en Belice son inmigrantes de América Central; y en los últimos 10 años Chile ha otorgado alrededor de 275.000 visas a migrantes haitianos.
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