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Uno de los temas más discutidos y comentados en este arranque del año es el incremento de la gasolina y la reacción que ha provocado en distintos sectores de la población.
Es importante primero dimensionar la naturaleza de la medida, cuáles son los efectos de la misma y la forma en que se adoptó su ejecución. Ésta es, como muchísimos otros ejemplos recientes, una política pública con una idea central correcta, pero mal diseñada, mal ejecutada, con una pésima medición de los tiempos y peor comunicada.
Pero sobre todo, lo que más afecta la presentación de ésta y otras medidas que el gobierno adopta es, invariablemente, el tamiz de la corrupción y el dispendio a través del cual los ciudadanos apreciamos las decisiones de gobierno.
Si en situaciones de normalidad los incrementos en impuestos o de los costos de los servicios que otorga el Estado siempre son mal recibidos; más lo son cuando desde la sociedad existe la percepción, absolutamente fundada en la realidad, que la corrupción merma la utilización de los recursos públicos, generando afectaciones a la sociedad, sin que exista la menor posibilidad de castigo real a quienes incurren en estas conductas.
Un problema fundamental en relación con este incremento se refiere al completamente falso e inadecuado manejo que se le quiso dar desde el gobierno a la reforma energética, como si de la misma dependiera el que no se volvieran a presentar incrementos en el precio de la gasolina; cuando en los hechos uno de los ejes centrales de la misma tenía que ver precisamente con eliminar el subsidio a los combustibles, que no sólo es inadecuado porque se canalizan más recursos que benefician directamente a los sectores de mayor ingreso, sino que, además, en las condiciones actuales de endeudamiento y déficit del sector público, dicho subsidio es insostenible.
Sin embargo, particularmente por el impacto claramente inflacionario que tiene un incremento al combustible, el cual afecta evidentemente no sólo a los propietarios de automóviles, sino a la totalidad de la cadena de suministro y por ello los precios generales de la economía; el modelo de ejecución debió haber considerado todos los factores que provoca la medida y sus impactos colaterales.
En el caso de los combustibles en México, la ineficiencia para aprovechar la enorme cantidad de recursos que sean canalizados para inversión en el sector energético, (3% del Producto Interno Bruto en los últimos años), sumado a la falta de definiciones y de decisiones políticas de las últimas administraciones, ha llevado a un sistema en el que la producción de crudo se deteriora de manera consistente y simultáneamente la dependencia a la importación de gasolina, provoca una mayor vulnerabilidad.
En casos como este, la recomendación técnica es establecer pisos y techos de movimiento de los precios al público. Con ello, se disminuye el efecto potencialmente positivo de reducción en momentos de caída de los precios, pero se evitan disparos al alza como los que hoy se presentan.
coronita plis :)