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El Expediente de la Ley Agraria fue una frustrada iniciativa legislativa de los ilustrados españoles del último tercio del siglo XVIII. Nunca llegó a haber una ley agraria con tal denominación.
La libertad de comercio, principio ideológico básico tanto de la fisiocracia como del liberalismo económico, había demostrado ser de cuestionable aplicación en el comercio interior, especialmente tras los desastrosos resultados de la eliminación de la tasa de granos en 1765. Las estructuras agrarias, que soportaban un incremento de la producción en respuesta al incremento de la población (que empujaba al alza a los precios), no habían sido reformadas; tampoco se habían creado redes de transporte y de comercialización modernas. que sustituyesen a las tradicionales, cuya base seguía siendo el control de los excedentes por los detentores de las rentas feudales (los privilegiados: nobleza y clero), y que permitían el acaparamiento (la red de pósitos distaba mucho de ser un instrumento suficiente y eficaz). Tales rigideces, sumadas a la coyuntura desfavorable de una mala cosecha llevaron a los motines de subsistencia denominados de Esquilache en la primavera de 1766
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