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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991 fue un proceso democrático sin precedentes en la historia nacional. Sin embargo, su impacto en el conflicto armado fue bastante modesto. El hecho de que los principales actores del conflicto (como las FARC y ELN) no hicieran parte de la ANC, hizo que la democratización institucional no resolviera el problema de la violencia política. El presente artículo sostiene que las reformas constitucionales en Colombia han sido verdaderos mecanismos de resolución de conflictos cuando los actores enfrentados han formado parte del acuerdo constitucional como fue el caso del Frente Nacional (FN). A partir de una comparación entre el FN de 1957 y la ANC de 1991, este artículo cuestiona algunas presunciones en torno al tema de reforma constitucional y su relación con la democracia y el conflicto armado.
Reformar la constitución en Colombia ha sido un evento relativamente rutinario.1 Lo que resulta extraño es que se lleve a cabo de manera democrática. La reforma constitucional de 1991 fue el resultado de un proceso particularmente democrático, en comparación con otros países de América Latina y con otros episodios de la historia nacional. En efecto, a diferencia de otras reformas constitucionales de los 80 y los 90 en la región,2 la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Colombia, no fue una simple artimaña del ejecutivo para aprobar su reelección y/o para implementar medidas de ajuste económico -como ocurrió con Menem en Argentina, Fujimori en Perú, o Chávez en Venezuela-. La reforma constitucional de 1991 tampoco fue un sello de victoria militar de un partido sobre otro, como ocurría en el siglo XIX (Valencia, 1987, p. 80-97), o un “pacto de caballeros” (Wilde, 1978) como en el caso de la reforma de 1957, donde se excluyeron terceras fuerzas distintas al bipartidismo liberal-conservador. La constitución de 1991 fue un proceso abierto donde ningún grupo político prevaleció (Dugas, 1993, p. 45-76; Cepeda, 1993, p. viii-xx) y por esto mismo no se pudo prever con certeza el resultado de la nueva carta.
Este artículo argumenta que aunque la ANC de 1991 conllevó un proceso participativo e incluso profundizó la democracia en Colombia, no fue eficaz en reducir los niveles de violencia política. La razón de ello es que las reformas constitucionales en Colombia han funcionado como verdaderos mecanismos de resolución de conflictos cuando han sido el resultado de un pacto político entre los principales actores enfrentados -tal como ocurrió con el Frente Nacional-. En el caso de la ANC de 1991, el hecho de que algunos de los principales actores en conflicto (en particular las FARC, el ELN y los grupos paramilitares) no formaran parte de un pacto político que les garantizara sus intereses vitales, impidió que la nueva carta se implementara adecuadamente. En consecuencia, por más democrático que fuese el proceso de reforma de 1991, no redujo los niveles de violencia. De hecho, quince años después de la promulgación de la Constitución, el conflicto armado no sólo ha persistido, sino que por momentos ha escalado. Por otro lado, los actores armados se han fortalecido política y militarmente. A continuación se hará un análisis comparativo de los dos procesos de reforma constitucional, en particular en relación con los contextos de violencia y crisis institucional en los que surgieron y el impacto de cada uno en los índices de violencia política.