Respuestas
–desde la antigüedad
grecolatina hasta nuestros días– han coexistido con formas de discriminación
que niegan en la práctica la igualdad de todos los seres humanos, e incluso se
han sustentado en ellas. Más aún, la ambigüedad propia de la definición eti-
mológica de la democracia, como “gobierno del pueblo por el pueblo”, o como
“poder (kratos) del pueblo (demos)”, pero también el principio democrático para
la toma de decisiones colectivas, la regla de la mayoría, han permitido y hasta
justificado formas de exclusión, discriminación e incluso exterminio que nie-
gan flagrantemente el ideal de la igualdad y fraternidad entre todos los seres
humanos. En este sentido, tal vez habría que decir que si en la práctica las
democracias reales han sido compatibles con discriminaciones (y hasta promo-
toras de ellas), una interpretación universalista del fundamento normativo de
los procedimientos democráticos debería ser incompatible con cualquier forma de
discriminación que atente contra los derechos fundamentales de todos los seres
humanos. El respeto puntual de los procedimientos electorales de la democra-
cia sin duda es condición necesaria, pero no suficiente, para que esta forma de
gobierno garantice la igualdad política de los ciudadanos, pero según ciertas
interpretaciones no sólo no garantiza por sí misma la igualdad de todos los seres
humanos en dignidad y en derechos sino que puede legitimar y promover (y de
hecho sigue legitimando y promoviendo) discriminaciones de enorme grave-
dad. Tanto, que incluso puede conducir (y ha conducido ya en algunos casos) a
despojar a la democracia de todo atractivo y de toda sustancia normativa para
los que sólo pueden verla y vivirla como una mera justificación del predominio
salvaje y brutal de los más fuertes.