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El lunes 4 de mayo, Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y su Observatorio Judicial, junto a la Facultad de Postgrado de la Universidad Espíritu Santo (UEES), y el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) realizaron el foro virtual “Corrupción en la Justicia: causas y consecuencias en el contexto latinoamericano”, que contó con la participación de Ramiro Orías de Bolivia, Mercedes de Freitas de Venezuela, Glatzer Tuesta de Perú y Juan Pablo Albán de Ecuador. La moderación estuvo a cargo de Marcelo Espinel, Director de Proyectos de FCD.
Durante su intervención Ramiro Orías, Oficial de Programas Senior de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, señaló que el fenómeno de la corrupción judicial es una de las deudas pendientes que no han podido superar las democracias latinoamericanas después de salir de las dictaduras militares. Además, mencionó que en los sistemas de justicia se han desarrollado anillos de corrupción, que operan como redes ilícitas entre los operadores de justicia. Sostuvo: “mientras no se aborde la agenda de independencia, transparencia, integridad y propiedad en los sistemas de justicia, toda reforma que se haga no será sostenible ni duradera. Solo la existencia de un órgano judicial independiente e imparcial, sometido únicamente a la ley, permitirá que nuestros países estén en mejores condiciones para enfrentar la corrupción”.
Mercedes de Freitas, Fundadora y Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, sustentó que los actos de corrupción tienen garantía de no producir consecuencias para los criminales, en la mayoría de los casos. Existe una relación entre corrupción e impunidad, es decir, ambas coexisten y van creciendo simultáneamente, haciendo que la corrupción pague a la justicia para mantener sus negocios y la justicia siga demandando ingresos de actores corruptos. Agregó que el gran desafío de los países de América Latina es conseguir la garantía del desarrollo del Estado del Derecho, donde todos somos iguales ante la ley.
Por su parte Glatzer Tuesta, periodista y Director Ejecutivo del Instituto de Defensa Legal (IDL), habló desde una perspectiva histórica peruana, señalando que han existido varios intentos de reformas judiciales que persiguen intereses. Aquellas que se realizan en un marco autoritario o dictatoriales, como en la época de Fujimori, que buscan que las autoridades se mantengan más tiempo en el poder. Otras que buscan realizarse en el marco del consenso, a través de diálogos con la sociedad civil, como en 2005. Sin embargo, la voluntad política no acompañó a la iniciativa, diluyéndose en el proceso. Actualmente, en su país, se vive una reforma judicial particular, que se da de abajo hacia arriba y que se robustece con una legitimidad popular, producto del éxito de los avances de la lucha contra la corrupción.
Finalmente, Juan Pablo Albán, Director del Consultorio Jurídico de la Universidad San Francisco de Quito y ex vocal del Consejo de Judicatura, describió cuatro factores que motivan la existencia de corrupción judicial en el país y en la región: el contexto social sobre la justicia, el entorno político o grupos de poder, la falta de transparencia en la administración de la justicia y la debilidad de procesos internos en las instituciones judiciales, como la selección y evaluación de operadores de justicia.
FCD y su Observatorio Judicial continuarán con estos espacios de diálogo y debate en el marco de los temas definidos en la Hoja de ruta para la independencia judicial: Justicia 2020. Seguiremos trabajando para alcanzar una justicia independiente en Ecuador. Si desea escuchar el foro internacional y a cada uno de los conferencistas, puede acceder a nuestras redes sociales.
En el presente año, una comisión internacional llegó al país para poder dar herramientas a las entidades gubernamentales encargadas de combatir la corrupción, pues Ecuador se encuentra en un escenario donde se sufren sus consecuencias, teniendo graves crisis políticas, jurídicas, sociales y económicas. Por su parte, con relación a la obligación de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional, si bien se han realizado varios juicos políticos en el periodo 2008-2018, aún faltan muchos más, pues existen prófugos políticos por actos de corrupción, y un sinnúmero de personas que aún no han sido llevadas a la justicia. Es preocupante como en ocasiones las personas que van a ser procesadas, por su poder político hacen que la agenda de un país se ajuste a ellos.
La corrupción, ha destrozado el Estado de Derechos en el que se supone vivimos. Existen muchas leyes que no se aplican, los procesos que se establecen en las normas, en ocasiones, no son tomados en cuenta. El sistema judicial tiene tantos casos que se resuelven con lentitud por esta misma causa. Se ven vulnerados nuestros más elementales derechos y es inmensurable su afectación. Por lo que, como ciudadanos, tenemos el deber y obligación de cumplir las leyes y velar porque todo acto del poder público sea fiscalizado.