Respuestas
Respuesta:
Legalidad y legitimidad jurídica: la equidad como punto de encuentro
15 febrero, 2020/1 Comentario/en Blog /por Jose Luis Villar Ezcurra
Por motivos que ya he expuesto en post anteriores, me temo que estamos en un momento crucial en el que todo parece indicar que nos están trasmutando, pasando a ser meros “súbditos” del poder en lugar de ciudadanos libres (como debe ser en todo Estado de Derecho). Vaya por delante, no obstante, que no cuestiono que estemos en un Estado de Derecho, porque eso nos lo hemos ganado a pulso, desde que fue aprobada la actual Constitución. Cierto es que puede necesitar algunos “remiendos” pero la cosa no pasa de ahí, al menos a mi juicio. Lo que sí puede ser cuestionable es la forma de ejercer el poder, en el seno de nuestro Estado de Derecho, lo cual es algo diferente, aunque no voy a entrar ahora en eso. [1]
Por tanto, lo que voy a tratar ahora es de la posición en la que se encuentra el simple ciudadano de a pie frente a los “poderes públicos”, sea cual sea la forma que estos asuman, desde las AAPP en sentido estricto a las Empresas o Entes públicos, de todas las especies- pasando también por las denominadas Agencias (supuestamente) independientes; porque entre todos ellos nos están amargando la vida en lugar de hacer de la sociedad un lugar apacible de convivencia en libertad.
Entiendo que el reto es grande (enorme, diría) y que existen ensayos mucho más sesudos y profundos que el mío, que dan buena cuenta de esto y que bascula en la diferencia entre lo legal y lo legítimo sobre lo cual me remito “in toto” a Max Weber o a Bobbio, entre otros muchos.[2] Mi propósito es hacer llegar el nudo de este problema a todos los públicos y no exclusivamente a los juristas avezados que ya saben de esto (muy posiblemente, más que yo).[3]
Pero conviene aclarar conceptos antes de comenzar a criticar, y para ello he escogido, como punto de partida el par de expresiones legalidad y legitimidad que no son, necesariamente, significantes contrapuestos, pero vienen a significar cosas y puntos de vista diferentes en relación con el Derecho. Así, la legalidad (fácil de expresar, aunque no tanto de entender en toda su extensión) significa el ajuste o sometimiento de una determinada conducta a lo que prescriben las normas, sea cual sea el rango de estas (Ley formal o mero reglamento). Si una conducta -en el ámbito que sea- no se acomoda a lo prescrito en las normas, se dice que esa conducta es “ilegal” y, de momento, eso es todo.
Por su parte, la legitimidad resulta mucho más difícil de definir y delimitar puesto que se emplea tanto en política como en Derecho puro, que son dos ámbitos que no conviene confundir. Para la política, se relaciona con la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción como amenaza de la fuerza, pudiendo decir, entonces, que un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan la autoridad vigente.
En términos jurídicos, se habla de legitimidad cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al monopolio de la ley y apela al ideal de ética o justicia que debe incorporar toda norma. A su vez, esta legitimidad se subdivide en dos especies: legitimidad formal y material. La formal se entiende como el correcto proceder del Poder Público con respecto a los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico (con lo cual queda asimilada a la mera legalidad). La legitimidad material es, a su vez, el consenso (reconocimiento) del pueblo respecto de la ley creada o de la actuación del Poder Público y nos remite al contenido ético de la norma con referencia al contexto social en que ha de ser aplicada.
Pues bien, dicho lo anterior, la distinción entre “legalidad“ y “legitimidad” resulta ser, para comenzar, una diferencia esencial en cualquier Estado democrático de Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica). La legitimidad forma parte del orden de la política y de la ética pública (fundamentación de las normas y de las decisiones). De esta forma, mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento. O, expresado de otro modo; la legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta al remitir a conceptos más difusos (como pueda ser la ética).
Pero, cuidado, porque cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario, motivo por el cual el mantenimiento de esta frontera es una de las tareas más precisas y delicadas de todo sistema político democrático. España está calificada como una democracia liberal de primer orden en Europa y cuenta con una de las constituciones más avanzadas, aunque se trate de un texto reactivo a la reforma.
Explicación: