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El problema aparece cuando las respuestas son custodiadas por la
Administración pública, únicamente porque su función y gestión así lo
presupone. ¿Qué países compran tecnología de doble uso a España y cuánto
dinero representa en la balanza comercial? ¿Qué diputados asistieron
(no qué votaron) a la última reunión de la comisión de control de los
créditos destinados a gastos reservados? Estas y otras preguntas cuya
respuesta tutela el Estado son inaccesibles para la mayoría de los
ciudadanos, que encuentran innumerables trabas y excusas por parte de
los funcionarios, que desatienden estas peticiones sin otro argumento
que la confidencialidad, la seguridad o, básicamente, "a usted qué le
importa"
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hace 9 años