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La cuestión de la discriminación positiva se singulariza por el papel que ha desempeñado, a lo largo de los últimos años, en el debate público, en ámbitos tan diversos como la igualdad de género, la cohesión territorial, la integración de los inmigrantes o la democratización de la enseñanza. Tanto en el derecho internacional
como en las legislaciones nacionales, la discriminación positiva es el instrumento
clave de una política de reducción de las desigualdades entre los diferentes grupos
sociales. Pretende promover una mayor igualdad de hecho o, por lo menos, garantizar a los miembros de los grupos con desventaja una verdadera igualdad de oportunidades. En la medida en que obedece a una lógica de compensación de una diferencia de desarrollo económico, social y cultural, supone, más que un tratamiento diferenciado, la instauración de un verdadero trato preferente. Por definición, este tiene
vocación a desaparecer cuando el grupo o los grupos concernidos habrán superado
su deficiencia y recuperado su retraso con respecto al resto de la sociedad.