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Un 'Plan de ordenamiento territorial' o Plan de Ordenación Territorial (también denominado por sus siglas POT) es, en el ámbito del urbanismo colombiano, un instrumento técnico que poseen los municipios del país para planificar y ordenar su territorio.1 Tiene como objetivo integrar la planificación física, socioeconómica y medioambiental con instrumentos de gestión y financiación, de tal forma que los principios de ordenamiento se vean concretados en el territorio. Estos documentos deben incluir estudios sobre cambios en la estructura demográfica del municipio, zonas de riesgo (por inundaciones, incendios, deslizamientos de tierra, etcétera), protección de la estructura ambiental de soporte, comportamiento socioeconómico de su población, entre muchos otros.
Los Planes de Ordenamiento Territorial tienen una vigencia de 12 años desde el momento de su adopción, tiempo que corresponde a tres periodos constitucionales de las autoridades de nivel local en Colombia. Una vez cumplido este término, las respectivas autoridades deben iniciar el proceso de revisión del documento para la expedición de un nuevo POT, el cual debe cumplir un riguroso proceso de participación con la población del municipio o distrito.
Al establecerse como un instrumento que debe formar parte de las políticas de estado, el POT tiene el fin de propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación, ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos.